Expertos dicen que para entender lo que sucedió en Casanare es necesario analizar series de datos de al menos 30 años.

Por: Pablo Correa

A una gran parte del equipo técnico de la institución encargada de monitorear y estudiar la hidrología, meteorología y demás aspectos ambientales del país, no le quedó más remedio que abandonar sus tareas para sentarse a responder la avalancha de solicitudes de la Fiscalía, la Contraloría y las comisiones quintas de Senado y Cámara, sin contar los cuestionarios que algunos senadores enviaron por su propia cuenta.

Pero Franco no fue el único que padeció la reacción excesiva de las entidades de control y los políticos tras conocerse la dura sequía que afecta al municipio de Paz de Ariporo en Casanare y sobre la que, por cierto, se había advertido el 22 de enero. Mientras centenares de chigüiros, vacas y tortugas morían deshidratados en las agrietadas y polvorientas sabanas, los campesinos de la región se sometieron al interrogatorio de 20 agentes del CTI y la Fiscalía 17 Especializada que viajaron desde Bogotá, Villavicencio y Tunja.

El grupo enviado a “campo” por la Fiscalía tenía la misión de ir de finca en finca “recolectando elementos materiales probatorios frente al daño ambiental que se ha registrado en los últimos meses en dicha zona del país”. La tarea también incluía los registros de la Cámara de Comercio de las empresas. En busca de los “responsables de estos hechos”, pasaron al banquillo los directivos de Corporinoquia y el gobernador del Departamento, Marco Tulio Ruiz, que lleva apenas ocho meses en el cargo.

Era difícil no hacerse un montón de preguntas ante el anuncio de una “investigación exhaustiva” en una situación donde parecen estar en juego unos actores locales y un modelo de desarrollo económico regional, pero también toda la dinámica atmosférica del planeta y posiblemente el cambio climático.

¿Son capaces estos funcionarios de generar o al menos recolectar la información necesaria para entender la compleja ecología de una región como la Orinoquia? ¿Qué los hizo creer que existen culpables con nombres y apellidos? ¿Por qué aparecen ahora cuando desde enero había alertas sobre la sequía que se aproximaba? ¿Cómo piensan establecer una relación entre el patrón de lluvias de la región, la extracción de agua por parte de las empresas petroleras, los sistemas de riego de los arroceros, el impacto de la ganadería y las tasas de deforestación?

“Ahora llegan todos los funcionarios a dar declaraciones. Y no han hecho un carajo”, dice rabioso el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. “Es una locura ver a la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía metida en esto. Es una actitud de ‘busquemos al culpable’. El culpable es una política mal orientada de desarrollo”.

El exministro, autor junto con otros seis expertos del libro La mejor Orinoquia que podemos construir, dice que se reunió con los últimos cinco ministros de Medio Ambiente del país para convencerlos de la necesidad de crear una política sostenible. Ninguno hizo un esfuerzo en ese sentido. Y el Conpes para la Orinoquia nunca pasó de un borrador.

“¿A quién va a acusar la Fiscalía?”, se pregunta José Yunis, representante en Colombia de la organización ambiental The Nature Conservancy. “No sabemos qué pasó. Algo en los sistemas naturales no funciona como antes y hay que determinar qué es”. Pero sea lo que sea que está pasando en estas sabanas, Yunis está convencido de una cosa: “La reflexión más importante es repensar el modelo económico para la región”.

Julio Carrizosa, un veterano ambientalista exdirector del Inderena, añade un buen punto al debate: “Muchas de las cosas de los abogados son simplificaciones, se trata de simplificar todo. A través del pensamiento jurídico es difícil aproximarse a la complejidad ambiental”. Carrizosa coincide con el director del Ideam, Ómar Franco, en que el camino para aclarar lo que está sucediendo en Casanare es echar mano de datos de al menos tres o cuatro décadas. Pero esa es una tarea difícil. Buena parte de la información que se necesita quizás ni exista. En todo caso, para Carrizosa, lo de Casanare es un problema que no se puede entender sin climatólogos, hidrólogos, geólogos, ecólogos y biólogos.

En la rueda de prensa que ofreció el jueves la fiscal Gloria Rangel, jefa de la Unidad de Delitos Ambientales, un periodista de El Espectador le planteó esta crítica al papel de los organismos de control en una tragedia ambiental como la actual.

“La Fiscalía tiene una misión institucional que es investigar hechos que puedan considerarse delitos”, argumentó Rangel, “y tiene la misión de aportar todo lo que tenga que ver con política criminal. La Fiscalía quiere aportar a la política criminal en lo ambiental”. La funcionaria explicó que, más allá de llevar a personas a la cárcel por casos como este, lo que se busca es que “haya una reparación ambiental. Si los responsables no lo hacen, nosotros podemos exigir, a través de acción penal, reparación del daño ocasionado”.

Uno de los primeros llamados a mostrar papeles esta vez fue el gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz. Luego de cuatro horas desempolvando actas de reuniones y tratando de demostrar a los funcionarios de la Fiscalía que no tuvo la culpa ni por acción ni por omisión, sentenció: “Culpables somos todos, porque todos destruimos el ambiente de una o otra forma. Arroceros, petroleros, palmicultores, todos…”. Y le recordó a los funcionarios de la Fiscalía que el 97% del territorio del municipio fue concesionado por el Gobierno Nacional para la explotación de petróleo.

Julio Carrizosa cree que la actitud de los organismos de control esta vez “ha sido ingenua”, y señala que “cuando pasas esto por el matiz jurídico, disminuyes la importancia del conocimiento científico”.

 ¿Quién estudia esta vaina?

Colombia es un país donde pululan los administradores y los abogados, pero escasean profesionales formados en ciencias básicas para producir información científica valiosa en torno a estos y muchos otros problemas. Basta mirar las cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación para darse cuenta de que somos un país de abogados y administradores, en tiempos donde se necesita un profundo conocimiento de la biodiversidad y los recursos naturales.

En el top diez de las carreras que más estudian los jóvenes colombianos aparece, en primer lugar, administración de empresas, con 13.448 graduados en 2012, seguida de contaduría pública (11.198) y derecho (11.165). Ninguna carrera relacionada con el medio ambiente se asoma por ahí. Alejandro Venegas, coordinador de los sistemas de información del Ministerio de Educación, calcula que tan sólo el 1,6% de los matriculados en un año en Colombia estudian carreras como ciencias naturales, matemáticas o física, todas ellas un punto de partida para entender la complejidad de los sistemas naturales.

Tampoco son muy alentadoras las cifras de Colciencias al respecto. Si Colombia, como el resto de países, se verá gradualmente expuesta a eventos extremos por cuenta del cambio climático, no parece que estemos tomando en serio las advertencias. Según la página web de Colciencias, existen 4.219 grupos de investigación principales. Dedicados a temáticas ambientales sólo existen 294, es decir, el 7%. El primer lugar es para ciencias sociales y humanas, con 1.410. En enero de 2013, tan sólo el 2% de la inversión de regalías para proyectos de investigación se destinó a problemáticas ambientales.

“Necesitamos jóvenes que se especialicen en las ciencias del cambio climático y que la humanidad se dé cuenta de que de sus decisiones dependerá el bienestar de las futuras generaciones”, fue el mensaje del Premio Nobel de Paz de 2008, Rajendra Pachauri, en su visita a Colombia en septiembre de 2013.

 pcorrea@elespectador.com   /  @pcorrea78