Un equipo de maquinaria pesada inició el derribo mecánico de las estructuras de las Torres del Silencio en Yopal, un proyecto de vivienda que permaneció siniestrado y en condiciones de vulnerabilidad estructural por más de una década y media. La demolición del complejo da vía libre a la construcción de un nuevo proyecto habitacional que promete reubicar a 400 familias afectadas.
Los estudios técnicos determinaron que el colapso controlado mediante maquinaria era la alternativa más viable y económica debido al riesgo latente que representaban las antiguas edificaciones. Los trabajos, operados con seis frentes de maquinaria y 17 operarios, tienen un plazo fijado de 45 días para dejar el terreno completamente despejado.
Distribución de los recursos y plazos de obra
La Alcaldía de Yopal asumió el proceso contractual y la ejecución de la demolición con una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos. Una vez concluidos estos trabajos de despeje, la Gobernación de Casanare asumirá la edificación del nuevo complejo residencial, cuya construcción está proyectada para un periodo de 22 meses.
La financiación del nuevo proyecto se distribuye de la siguiente manera:
-
Costo total proyectado: 62.000 millones de pesos.
-
Aporte de la Gobernación de Casanare: 56.000 millones de pesos (equivalente al 90,3% del presupuesto general).
-
Aporte de la Alcaldía de Yopal: Ejecución de la fase inicial de demolición y despeje del lote.
Entregas parciales para mitigar el impacto social
El plan de contingencia de las autoridades departamentales estipula que la edificación de las viviendas no se entregará en un solo bloque al final del contrato. Por el contrario, se implementará un sistema de entregas parciales por fases; es decir, cada torre de apartamentos que finalice su ejecución técnica será habitada de inmediato por las familias beneficiarias para agilizar el proceso de asentamiento.
El desarrollo técnico del proyecto cuenta con el acompañamiento preventivo de la Contraloría General de la República, organismo que realiza el seguimiento a las mesas de concertación con los damnificados, quienes esperan que este proceso ponga fin definitivo a los años de disputas legales y promesas incumplidas en la capital casanareña.
