Esta semana se aprobó la licencia ambiental para el área de perforación exploratoria COR-15, en territorio de los municipios de Corrales, Busbanzá, Betéitiva y Tasco.
Mediante la Resolución 1795, de esta semana, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le otorgó licencia ambiental al proyecto COR-15, de la empresa petrolera Maurel & Prom Colombia B.V.
El proyecto, para realizar exploración de hidrocarburos, se concentra en los municipios de Corrales, Busbanzá (estos dos de la provincia de Tundama), Betéitiva y Tasco (en Valderrama). El polígono de interés inicial cubre alrededor de 18 a 20 veredas de los cuatro municipios.
Si se encuentran hidrocarburos en el área, se pasará a una fase de evaluación de la calidad y cantidad del petróleo o del gas para ver si son comercializables y determinar el proceso de producción.
Si no se encuentran hidrocarburos, se procederá a hacer los respectivos taponamientos de los pozos, desmantelamientos y cierres de acuerdo con la legislación colombiana, según ha informado la empresa petrolera.
Maurel & Prom Colombia anunció en el 2018, cuando dio a conocer este proyecto, que haría una inversión de 14 millones de dólares en este proceso.
Comunidades se oponen a la actividad petrolera en la zona
Desde que se conoció la intención de hacer exploración de hidrocarburos en estas provincias boyacenses, comunidades de Corrales, Busbanzá, Betéitiva y Tasco se han opuesto a este proyecto.
En ese sentido, voceros de estos municipios presentaron ponencias en contra de la actividad petrolera durante la audiencia pública ambiental que se llevó a cabo el 19 y 20 de agosto pasados.
Por eso, las comunidades de Tundama y Valderrama no se explican por qué la Anla otorgó la licencia para que se realice el proyecto COR-15, sobre todo cuando se advirtió del peligro que representa la actividad petrolera para las fuentes hídricas de esta región.
“La Resolución 1795 del 2021, por la que se otorga la licencia ambiental, ha sentado un gravísimo precedente en el licenciamiento ambiental a proyectos petroleros en Colombia. De un plumazo abrió nuevas fronteras al extractivismo en la cima de la cordillera de los Andes, y puso en entredicho el ejercicio de la democracia participativa consignada en la Constitución Política de Colombia (Artículos 1, 2, 3, 40 y 103)”, afirmaron en el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi.
Manifestaron que, en contra de dicho acto administrativo lo único que legalmente procede en la actualidad es el recurso de reposición, “el cual podrá interponerse ante esta Autoridad por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Las comunidades hacen un llamado urgente nacional e internacional para que se solidaricen con la defensa de estos territorios.
Piden apoyo para que se pueda interponer recurso de reposición contra la Resolución 1795 del 2021 de la Anla, y dejarla sin efectos legales.
“El tiempo que queda en los días venideros será agua y territorio para nosotros (y no oro, como se malacostumbra a decir popularmente). Nos urge el apoyo del pueblo de Francia y de todos los ciudadanos del mundo que sientan como propia la responsabilidad de hacer cambios profundos en las formas como nos relacionamos entre nosotros mismos y con nuestros territorios. La crisis ambiental global no se va a solucionar sola, y menos si quienes ostentan la dirección de los gobiernos del mundo le siguen apostando al modelo económico responsable de la debacle”,
La Resolución 1795 del 2021 de la Anla se puede consultar en el link a Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1yR3tC695XieTEFsdvAPfprQ-9MpV9VY0/view?usp=sharing
Fuente, Boyacá 7 Días
