Al menos 724 exguerrilleros de las Farc pueden perder los beneficios jurídicos a los que tienen derecho tras el acuerdo de paz firmado en 2016 por desconocerse su paradero o no estar acreditados para tal fin, informaron este jueves fuentes oficiales.
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«Hemos acordado con la Justicia Especial para la Paz (JEP) crear una serie de mesas técnicas de trabajo conjunto para estudiar los casos de las 724 personas y otras más que deban o no ser excluidas», dijo el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en una declaración en la Casa de Nariño.
Ceballos explicó que esos excombatientes «nunca se acercaron a firmar los compromisos» que adquirían con la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
También, desde 2018, cuando comenzó a operar, la JEP ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición de las 58 que ha recibido.
Por su parte, la JEP aclaró en un comunicado que «la acreditación o no de los nombres presentados por los representantes de las Farc al Gobierno nacional para ser incluidos en los correspondientes listados es una tarea que la Constitución y la ley atribuyen a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz».
El organismo reiteró ese día que es «plenamente competente para ordenar la captura de Velásquez Saldarriaga por su incumplimiento de las condiciones para mantener el beneficio de la libertad».
La decisión se sustentó en que entre las condiciones para que los excombatientes gocen de los beneficios jurídicos del acuerdo de paz están la garantía de no repetición y el compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.
Asimismo, el Gobierno eliminó el pasado 6 de abril de las listas de personas que se acogieron a la JEP a seis narcotraficantes que buscaban someterse como supuestos miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, informa Efe.
