Pide al Consejo de Estado que ‘tumbe’ sanción de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 13 años
FUENTE REVISTA SEMANA
William Celemín, el destituido alcalde de Yopal, considera que “nunca debió haber salido” de su cargo. Ello, pese a los varios señalamientos de corrupción y malos manejos que hay en su contra. Pero lo que los habitantes de la capital de Casanare no le perdonan al maltrecho exmandatario es que los haya dejado sin acueducto.
En los casi tres años en los que estuvo al frente de los destinos de la ciudad -que en el 2013 recibió proporcionalmente la mayor tajada de los recursos de regalías- Celemín no tuvo la diligencia suficiente para poner a andar las obras para devolverle el servicio domiciliario de agua potable que perdió en mayo del 2011, cuando un derrumbe acabó con la planta de tratamiento existente.
Por este episodio, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a Celemín, lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó por 13 años para el ejercicio de funciones públicas, en agosto pasado.
“Se trata del jefe de la administración local y representante legal del municipio a quien corresponde dirigir la acción administrativa del ente territorial y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo”, precisó entonces la procuradora delegada María Juliana Albán.
Pero no es lo único. Otra sanción pende sobre Celemín (destitución e inhabilidad de 11 años para ejercer cargos públicos) por gastar parte del erario en spa y en tratamientos estéticos para sus trabajadores, una supuesta forma de estimularlos laboralmente, según contestó entonces la administración municipal.
¿La revancha?
Semana.com conoció en su integridad la acción interpuesta por el abogado Héctor Carvajal, en la que de manera inmediata se solicitan medidas cautelares, es decir, que se frene la ejecución de las sanciones disciplinarias contra Celemín.
La medida busca que él sea reintegrado a su puesto de manera inmediata puesto que “se están afectando sus derechos fundamentales al debido proceso por parte de la Procuraduría”, menciona la acción judicial.
La petición es similar a la que tiene nuevamente en el cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, también destituido por el Ministerio Público e inhabilitado por 15 años.
Dentro de las principales argumentaciones, el defensor de Celemín destaca lo contenido en la Ley 142 de 1994, relativa a la prestación de servicios públicos: “Cuando los servicios los preste una empresa independiente al gobierno nacional (como sucede en Yopal), la responsabilidad relacionada a imprevistos o dificultades en el servicio recae directamente en el gerente de dicha empresa y no en los representantes del Estado como el alcalde”, indica el documento.
Otro de los argumentos esbozados se relaciona con una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso puesto que cuestionan que la Procuraduría no tuvo el mismo criterio para juzgar al alcalde Celemín como a la anterior administración, en la que se inició el problema.
La acción está en manos del magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren, quien tiene en sus manos la posibilidad de devolver mediante una medida cautelar a su cargo a Celemín, que, pase lo que pase, pasará indefectiblemente a la historia como el alcalde que no fue capaz de llevar el agua hasta los hogares de los yopaleños.
