En desarrollo de operaciones militares, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional destruyeron de forma controlada dos artefactos explosivos ubicados sobre la vía que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de la Esmeralda en Arauca.

Esta operación se efectúa gracias a la oportuna información entregada por la comunidad, lo que permitió que soldados del Equipo de Explosivos Demoliciones EXDE llegarán hasta la vereda los Alpes, jurisdicción del municipio de Saravena, donde aseguraron el lugar y destruyeron controladamente estos dos artefactos explosivos que contenían aproximadamente 25 kilogramos de pentolita.

La instalación de mencionadas armas no convencionales, es atribuida a la Comisión Camilo Cien Fuegos del Eln, que continúan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, poniendo en riesgo a la población civil que vive y transita a diario por esta zona del departamento de Arauca; hechos q serán denunciados ante las autoridades competentes.

La Fiscalía General de la Nación logró el cierre de una carretera en Guaviare que estaría al servicio de los grupos disidentes de alias Gentil Duarte y habría afectado una importante área de reserva en la Amazonía, en inmediaciones del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.

La labor investigativa de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) y la Fuerza Aérea Colombiana, que realizó sobrevuelos y monitoreos en el área afectada, permitió identificar un corredor clandestino de algo más de 30 kilómetros entre Puerto Flores, en zona rural de San José del Guaviare; y el río Inírida, en límites con El Retorno (Guaviare).

Esta trocha fue construida en algo más de 6 meses. Al parecer, era utilizada para mover insumos químicos y otros elementos necesarios para el procesamiento de estupefacientes.

Asimismo, hay evidencia de que se habrían deforestado varias hectáreas de selva, levantando viviendas artesanales y conformando asentamientos para, supuestamente, acaparar terrenos e intentar formalizar el uso de la vía.

Por solicitud de la Fiscalía y en atención al material de prueba, un juez de control de garantías ordenó el cierre de la carretera y la destrucción manual de dos puentes de madera.

De igual manera, pidió a las autoridades administrativas y a la fuerza pública ejercer acciones preventivas y de control para evitar que sea aprovechada.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer que habría vendido a su bebé recién nacida por un millón de pesos.

Los hechos ocurrieron en Yopal (Casanare). La madre, de nacionalidad venezolana, presuntamente fue contactada por redes sociales y mensajes de texto.  El pasado 14 de febrero, cuando la niña tenía tres días de nacida, un hombre llegó al centro médico y se registró como si fuera el padre de la menor de edad, sin serlo.

En la investigación se conoció que esta persona se acercó a la habitación en la que estaba la mujer y, supuestamente, le entregó $500.000 con el compromiso de que le daría el excedente cuando firmara un permiso para poder sacar a la niña del país.

La madre fue dada de alta y regresó sin la bebé al inmueble en el que vivía. Ante las preguntas de los vecinos respondió que la menor había muerto; sin embargo, esa explicación no convenció a los residentes, quienes acudieron a las autoridades y la denunciaron.

La rápida labor investigativa de la Fiscalía y del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional puso en evidencia el engaño. La niña fue ubicada y entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Por su parte, la mujer y el hombre que presuntamente pagó por la niña fueron capturados.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Casanare imputó a la madre el delito de tráfico de niñas, niños y adolescentes con circunstancias de marginalidad y pobreza extrema, el cual fue aceptado.

La otra persona fue imputada por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes; obtención de documento público falso, y supresión, alteración o suposición del estado civil. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.