La víctima sintió el raponazo del hombre de la moto y trato de retenerlo. Fue en la calle 21 con carrera 16 de Yopal.

El delincuente, que se movilizaba solo, pues ahora la modalidad no es ir en gallada, arrancó a toda y al doblar la esquina chocó contra el andén y se fue de bruces.

“Se dio tremendo golpe que lo dejó tendido en el piso sin poder moverse”, dicen personas que vieron la situación.

De inmediato la comunidad dio aviso a la Policía que no tardó en llegar, detuvo al delincuente y lo trasladó a un centro hospitalario.

Jefferson pineda, un domiciliario testigo del hurto, dijo que el tipo iba a bordo de la moto de placas FZD 68F.

“A nosotros nos cuestan las cosas y la señora tomó el riesgo de perseguirlo”, dijo Pineda, quien relató que la gente quiso propinarle la llamada paloterapia.

“El llamado para el alcalde es que se tenga en cuenta la seguridad de la ciudad, que se aumenten los retenes y se haga más control. No solo recogiendo motos y sacando partes”, agregó Pineda.

Por el momento el ladrón pasó la noche adolorido, magullado, esperando el dictamen médico y si la víctima interpone la denuncia, esperar a que sea judicializado.

De lo contrario tendrá “que guardar cuarentena por las lesiones” y muy seguramente cuando se recupere saldrá a delinquir como le ocurrió la noche en que ‘cayó en su ley’.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó este lunes medidas cautelares para proteger los cuerpos de más de 400 víctimas de desaparición forzada en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, que pertenece al departamento colombiano de Antioquia (noroeste).

En ese sentido, el tribunal especial prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense y ordenó al personero de Puerto Berrío desarrollar una campaña de sensibilización para evitar prácticas culturales que destruyan el rastro de los desaparecidos.

«Se ordenó clausurar los cinco osarios comunes donde se encuentran revueltos cuerpos no identificados exhumados de manera irregular, hasta tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General o la JEP ordenen la recuperación de los cuerpos», determinó la jurisdicción.

Los magistrados de la JEP concluyeron a partir de un estudio del equipo forense de la jurisdicción que la práctica de exhumaciones irregulares, la adopción de cuerpos no identificados por parte de la comunidad y los factores de riesgo ambientales amenazan la posibilidad de recuperarlos y entregarlos de manera digna a sus familias.

«Es necesario adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los lugares donde se ha evidenciado que existe presuntamente cuerpos no identificados de víctimas del conflicto en riesgo», subrayaron los magistrados al adoptar la medida que fue solicitada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo Orlando Fals Borda.

Esta decisión se suma a la adoptada el pasado mes de septiembre por la JEP en la que prohibió cualquier exhumación e inhumación en cinco cementerios del céntrico departamento de Caldas en los que se cree se podrían encontrar los cuerpos de «cientos de víctimas de desaparición forzada» de las FARC y otros grupos armados.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 182.504 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, de las cuales 43.669 son de Antioquia.

En 2018 la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movice, con la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.

Fuente, Publimetro

Tarín Marlia Pérez Rodríguez, una niña de 2 años de edad, ingresó el pasado viernes 16 de octubre de urgencias al HORO en Yopal.

Su padrastro la trajo a la institución de salud, argumentando que la niña se había atragantado con un pedazo de comida, cuando almorzaba en su residencia en el barrio Villaverde en la Guafilla (Yopal). Pese a los esfuerzos médicos la menor falleció.

El examen médico evidenció que Tarín Marlia no murió atragantada sino por golpes que recibió al parecer por una golpiza.

El coronel Juan Carlos Restrepo, Comandante de Policía de Casanare, dijo: de acuerdo con el examen de medicina legal, la niña fue golpeada severamente en el tórax, abdomen y presentaba trauma craneoncefálico.

Estos resultados permitieron establecer que lo dicho por el padrastro era mentiras y las autoridades procedieron entonces a librar la orden de captura. Esta la expidió el Juzgado promiscuo de Aguazul.

El padrastro, de 28 años de edad, fue localizado en el barrio Villa Nelly de Yopal y puesto a disposición de la autoridad competente. El hombre no presenta antecedentes judiciales y será procesado por violencia intrafamiliar y homicidio agravado.

Las investigaciones también señalan que de esta familia  hacen parte tres menores de edad, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), por cuanto testigos manifestaron que los niños han sido víctimas de maltrato en reiteradas ocasiones