El Espectador hace un análisis de la salida de la directora de La FM
Vicky Dávila se va de La FM. En medio de un intenso debate sobre hasta dónde puede el periodismo hurgar en la vida privada de los personajes públicos y tras dos días de controversia en las redes sociales con algunos de sus colegas, la periodista vallecaucana deja la dirección de noticias de esa emisora por petición expresa de los accionistas.
Su súbito retiro, ocurrido apenas unos meses después de salir de la presentación de noticias en el canal RCN – en donde también fue la dueña del horario triple A durante varios años – tuvo como telón de fondo su decisión editorial de divulgar el video en el que el hasta hace dos días viceministro Carlos Ferro fue grabado sin autorización en una plática de alto contenido sexual con un agente de policía. La conversación, que dura ocho minutos y fue elaborada mientras Ferro estaba al volante de su vehículo, desencadenó un efecto dominó. Por un lado, Ferro tuvo que dimitir de manera inmediata a su cargo como viceministro del Interior, pues el policía con el que conversaba en el video era Ányelo Palacios, uno de los principales denunciantes en el escándalo por una supuesta red de prostitución masculina en la Policía Nacional. Hasta entonces, Ferro había sostenido que no conocía a Palacios.
Pero a la renuncia de Ferro siguió un enérgico movimiento de ciudadanos a través de las redes sociales en el que se cuestionaba a la directora de La FM porque en su afán de demostrar la existencia de la citada red de prostitución (tema al que en los medios de comunicación se le conoce como «la comunidad del anillo») incurrió en una violación a la intimidad del funcionario público, generando también graves consecuencias para la familia de aquel.
El escándalo creció como bola de nieve y este miércoles, cuando todo el mundo pensaba que había llegado a su punto máximo con la renuncia del director de la Policía, general Rodolfo Palomino (a quien dos días antes la Procuraduría anunció que abriría investigación por supuesta omisión en el mismo escándalo de prostitución e incluso por enriquecimiento ilícito), tuvo un efecto inusitado en el caso del periodismo.
Dávila, quien se salió del molde al publicar información en Colombia sobre los asuntos privados de los personajes públicos,terminó también pagando con su puesto la decisión que adoptó como directora del medio de comunicación. Fue así como la junta directiva de RCN le solicitó su inmediato retiro del cargo, razón por la cual desde este jueves 18 de febrero no estará en la mesa de trabajo de La FM, en cuyo espacio informativo se leerá un escueto comunicado público dando a conocer la noticia a los oyentes.
Así las cosas, en menos de una semana fueron tres las personas que resultaron fuera de sus cargos por cuenta del caso de «la comunidad del anillo». Ferro y Palomino, a quienes la Procuraduría busca que sean investigados por supuesta participación (en el caso del primero) y omisión (en el caso del exdirector de la Policía) en la red delincuencial, y Dávila, quien investigó durante más de un año las denuncias que desde la misma Policía se hacían sobre el tema, pero que en su afán por averiguar hasta qué punto eran ciertos dichos señalamientos, terminó develando detalles de la vida personal de un funcionario que no tenían por qué ser revelados.
De hecho, hasta donde se conoce, el video que les costó el puesto a Ferro, Palomino y Dávila no comprueba la existencia de delito alguno y lo único que pone en evidencia es la existencia de una relación íntima consentida entre dos hombres adultos.
Ahora lo que resta es esperar a que el periodismo colombiano saque sus conclusiones a partir del debate público sobre la revelación del mencionado video y a que las autoridades investiguen y le informen al país hasta dónde llegaron los tentáculos de «la comunidad del anillo» y se sancione a los responsables, para bien de la imagen de la institución policial.
Son dos temas separados que se desprenden del mismo escándalo. El de la reflexión periodística sobre el respeto a la intimidad de los personajes y el de las investigaciones a las que haya lugar por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias para castigar a quienes enlodan la imagen de la Policía.
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