La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, expresaron su rechazo ante el posible retorno a la libertad de Harold Estiven Henao, presunto responsable del feminicidio de Adriana Aponte, ocurrido el 27 de mayo de 2020, dado que transcurrieron más de 120 días desde la acusación, sin que se adelantará el juicio en su contra.
Mediante oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, las altas funcionarias prendieron las alarmas e hicieron un llamado respetuoso para que se actúe en el marco de la legalidad. “Sin perjuicio de su reconocido liderazgo y compromiso en este tema, le solicitamos muy respetuosamente señor Fiscal, se brinde todo el acompañamiento desde el nivel nacional al citado caso, con el fin de lograr una justicia real y efectiva, y especialmente, respetando de antemano la autonomía del ente fiscal, de manera respetuosa agradecemos todo su apoyo para garantizar que se cumplan de manera efectiva los principios de legalidad, debido proceso y concentración entre otros, y que la familia de la víctima pueda gozar de una justicia eficaz y oportuna, eliminando las barreras en el sector justicia que se pudieren presentar en el presente caso”, señala la carta.
La Vicepresidente y la Consejera expresaron su solidaridad con la familia de la mujer víctima y también solicitaron mediante comunicación a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, revisar las actuaciones de los funcionarios que han tenido el proceso a su cargo ‘le solicitamos muy respetuosamente señora Procuradora, por ser este un caso de significativa importancia, su intervención, con el fin de verificar si este proceso evidentemente cuenta con Agencia Especial y si esta, se está desarrollando en defensa del orden jurídico, con aplicación del enfoque de género y en general, en respeto de los derechos y garantías fundamentales de la mujer víctima de feminicidio, especialmente de su familia’.
La Vicepresidenta y Canciller expresó que “El mensaje del Gobierno es claro: cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres y condenas ejemplarizantes para los agresores. Es inaceptable que, por maniobras dilatorias en un proceso penal, la persona señalada por las autoridades de cometer tan atroz crimen quede en libertad. Esto no puede seguir pasando en Colombia”, puntualizó.
Por su parte la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, afirmó que mediante la Estrategia Mujeres Libres de Violencias y a través del Mecanismo Articulador se trabaja en conjunto con las autoridades competentes para eliminar barreras en el acceso a la justicia de las mujeres: “Respetamos la independencia de los jueces y sus decisiones pero solicitamos justicia eficaz y oportuna en este y en todos los casos de violencias contra esta población. Colombia no puede permitir que un feminicidio, que es la mayor y más grave violación a los derechos de las mujeres, quede impune”, afirmó la Consejera Gheidy Gallo Santos.
Finalmente, las altas funcionarias expresaron a la Fiscalía su compromiso para seguir aunando acciones por la erradicación de la violencia contra las mujeres. “Tenemos confianza en su acogida a esta petición y nos ponemos a su disposición para apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance sus esfuerzos para que el país pueda conocer prontamente resultados efectivos de esta investigación, y que este feminicidio reciba la condena que merece. Estamos convencidas que su mandato será definitivo para acabar con la impunidad de este tipo de conductas y seguiremos sumando esfuerzos institucionales para que en Colombia las mujeres y las niñas puedan vivir una vida libre de violencias, que por fin pueda alcanzar el desarrollo material y social que merece”, puntualiza la misiva.
