Cali, Valle del Cauca. Una grave situación de orden público se ha desatado en el suroccidente de Colombia tras conocerse un plan para atentar contra las vidas de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder. Las amenazas, atribuidas a la estructura criminal «Jaime Martínez» de las disidencias de las Farc, han causado preocupación en el ámbito político nacional y han motivado reacciones inmediatas de mandatarios locales y entes de control.
Según fuentes de inteligencia militar, la información sobre las intimidaciones se ha conocido desde hace varias semanas. Los líderes regionales han sido blancos de seguimiento y vigilancia por parte de la estructura armada, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus esquemas de seguridad.
Tanto la gobernadora Toro como el alcalde Éder han respondido con firmeza a la situación. En declaraciones a la prensa y a través de sus redes sociales, ambos han dejado claro que no se doblegarán ante la violencia. «Sepan que no me intimidan esas amenazas», manifestó el alcalde Éder, quien además hizo un llamado a la unidad de los caleños. «Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No permitamos que nadie venga a dividirnos ni a incendiar la ciudad. Aquí seguimos poniendo el pecho por Cali».
Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro agradeció la protección de la Fuerza Pública y aseguró que continuará trabajando con el mismo compromiso en la lucha frontal contra la delincuencia que azota al departamento.
La noticia ha generado un amplio rechazo en la clase política colombiana. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, han expresado su solidaridad con los mandatarios vallecaucanos. Galán, en un mensaje en sus redes sociales, alertó sobre la recurrencia de este tipo de amenazas y señaló que «cada semana es un político diferente quien corre peligro». Gutiérrez, por su parte, aseguró que los planes criminales buscan «silenciar a quienes nos oponemos» y que «la sociedad colombiana no cederá ante el terror».
La situación se presenta en un contexto de creciente violencia en la región, donde el cobro de extorsiones, los desplazamientos forzados y los atentados se han convertido en el pan de cada día. Los mandatarios han insistido en la necesidad de un mayor apoyo por parte del Gobierno Nacional para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y la capacidad de inteligencia en el departamento.
