Bogotá, Colombia. En un movimiento estratégico y público, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha anunciado su decisión de renunciar a la prescripción de su proceso judicial por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. A través de una carta dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, Uribe solicitó que su caso no se extinga por el paso del tiempo, sino que los magistrados revisen la evidencia y emitan una decisión de fondo sobre su condena de 12 años de prisión.
La decisión del exmandatario se da a menos de dos meses de que el caso prescriba, una fecha fijada para el próximo 16 de octubre de 2025. Con este anuncio, Uribe busca evitar que un recurso legal impida un pronunciamiento definitivo del Tribunal, incluso si este ratifica la condena.
El argumento ético y jurídico
En su carta a los magistrados, Uribe Vélez enmarca su decisión como un acto de «coherencia ética». El exjefe de Estado sostiene que ha dedicado su vida pública a la búsqueda de la verdad y que, a pesar de lo «tortuoso» del proceso y del riesgo de mantener una «injusta condena», no puede «declinar el camino de la verdad».
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, afirmó en el documento.
El expresidente ha insistido en que su defensa técnica y el Ministerio Público han solicitado al tribunal que revoque el fallo en apelación. Uribe criticó la valoración de la prueba en la primera instancia, asegurando que su derecho a ser oído “no fue respetado materialmente” y que el fallo no tuvo en cuenta gran parte de los hechos probados en el juicio.
Un proceso extenso y un llamado a la justicia
El expresidente calificó su proceso como «tortuoso», mencionando que ha acumulado más de 70 sesiones de audiencia y miles de folios. Uribe ha solicitado al Tribunal Superior que tome el tiempo necesario para revisar todo el expediente antes de emitir una decisión definitiva, basada «sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo».
Con esta maniobra, el expresidente busca garantizar que su caso no termine por una tecnicidad jurídica, sino por una evaluación completa de su inocencia o culpabilidad por parte de la justicia colombiana.
