El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento intramural y dispuso el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de presuntamente liderar una organización criminal dedicada al direccionamiento de millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La decisión fue adoptada por la magistrada de la Sala Penal, Aura Alexandra Rosero Baquero, quien no acogió los argumentos de la defensa y concluyó que las pruebas aportadas por la Fiscalía superaron el umbral de inferencia razonable, al vincular a los exfuncionarios como determinadores de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El Tribunal también rechazó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía y consideró que, ante la gravedad de los hechos, era necesaria una medida más severa, advirtiendo que la urgencia de la medida de aseguramiento se encuentra plenamente justificada, pues de no adoptarse se mantendría el riesgo para la comunidad y para la administración pública.
Para sustentar la necesidad de la medida, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, expuso un amplio conjunto de elementos probatorios recolectados durante la investigación, entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En su providencia, la magistrada dio plena validez a los testimonios aportados por la Fiscalía, al considerar que evidencian la existencia de conductas ilícitas coordinadas y planificadas, descartando que se tratara de hechos aislados, como lo planteó la defensa de los exministros.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y Velasco habrían impartido instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos, correspondientes a recursos de la UNGRD y del Invías, con el propósito de obtener apoyos políticos para las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Nacional, así como para asegurar el respaldo a los proyectos de endeudamiento de la Nación tramitados en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, la presunta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, operando entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el cual Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la fiscal Patiño, durante ese lapso los exministros direccionaron en favor de congresistas de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, un total de 74 proyectos radicados en Invías por $571.701.473.657 y cinco proyectos en la UNGRD por $40.536.363.430, de los cuales siete proyectos se concretaron, los cuales serán detallados al momento de la imputación de los hechos jurídicamente relevantes por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía también señaló que en junio de 2023, el entonces ministro del Interior habría ordenado al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, respaldar la reforma pensional, instruyéndolo para que asistiera a uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado, con el objetivo de entregar contratos a determinados congresistas y así ampliar las mayorías necesarias para la aprobación de la iniciativa.
“Pues allí se tramitaban las reformas más importantes del Gobierno Nacional, esto es la salud y las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el respaldo a la reforma pensional”, sostuvo la fiscal Patiño durante la audiencia.
El Tribunal concluyó que las conductas presuntamente cometidas por los exministros constituyen un peligro para la comunidad, al tratarse de delitos contra la administración pública, catalogados como delitos de ‘cuello blanco’, y que el riesgo generado no solo se mide por el daño económico, sino por la grave afectación institucional al Estado, razón por la cual otras medidas restrictivas resultan insuficientes.
