Bogotá, 12 de noviembre de 2025.
La controversia generada por el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Puerto Colombia ha tomado un nuevo giro judicial. Un documento formal, que incluye el análisis de fundamentos de derecho, ha sido presentado ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue al exministro por presuntos delitos contra servidores públicos.
La acción legal se produce a raíz de la violenta reacción verbal de Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien ordenó la diligencia por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito.
La ofensiva verbal y el allanamiento
En la mañana del martes 11 de noviembre, la casa de Benedetti en Puerto Colombia fue allanada. En respuesta, el exministro desató una andanada de insultos y fuertes acusaciones contra la magistrada Lombana en diversos medios de comunicación, incluyendo La W y Caracol Radio:
- Insultos Directos: Benedetti calificó a la magistrada de «loca», «demente» y «delincuente».
- Acusaciones Graves: Además de los insultos, el exministro la acusó de «hablar con el FBI» para «hacerle un montaje» por enriquecimiento ilícito, y aseguró tener testigos de que la magistrada «torturar testigos» y «amenazar testigos» para que declaren en su contra.
El posible delito: violencia contra servidor público
El documento radicado ante la Fiscalía argumenta que la conducta de Armando Benedetti podría configurar el delito de Violencia Contra Servidor Público, tipificado en el Código Penal:
- Artículo 429: Sanciona a quien ejerza violencia contra un servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo.
- Pena: El Código Penal establece para este delito una pena base de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
La denuncia presentada exige que la Fiscalía investigue si la agresiva conducta del exministro buscaba obligar a la magistrada Lombana a «ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales».
Este desarrollo judicial se suma a la indagación preliminar que ya había abierto la Procuraduría General de la Nación contra Benedetti por la misma conducta, demostrando la gravedad de los ataques proferidos contra la rama judicial. La Fiscalía tendrá la tarea de determinar si las acusaciones y los insultos del exministro constituyen una violación a la ley penal.
