La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el Gobierno no tiene poder para vetar proyectos financiados por las regalías.
Esta decisión se tomó al declarar inexequibe una artículo de la Ley 1606 de 2012 en el cual se declaraba que los proyectos de inversión financiados por los Fondos de Desarrollo Regional y del Fondo de ciencia, tecnología e innovación requerían el voto positivo del Gobierno.
El juicio de constitucionalidad indica que esta ley vulneraba la autonomía territorial, ya que el texto superior consagra la autonomía territorial, como uno de los pilares de funcionamiento del Estado; a su juicio, la facultad entregada al ejecutivo en esta tarea violaba esta prerrogativa.
La Procuraduría General de la Nación había coincidido con la postura vencedora en la sesión plenaria, al conceptuar que el artículo excedía los límites de la carta política.
