El Consejo de Estado dejó sin efectos, transitoriamente, la resolución por medio de la cual el Ministerio de Transporte actualizó el valor de los vehículos.
El acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Transporte modificó la base gravable de los vehículos para el 2016 ya no operará más, al menos durante un tiempo.
La razón, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de esa resolución. Lo hizo a través de un auto expedido por el magistrado de la Sección Cuarta Hugo Bastidas.
Eso significa que la determinación que actualizó el valor de los automotores para este año se mantendrá sin vigencia hasta que se dictamine la legalidad o no de ese acto administrativo.
Según el despacho del magistrado Bastidas, la decisión del Ministerio careció de motivación, lo que supone un argumento suficiente para acceder a la medida cautelar que solicitaron los demandantes.
Según el togado, el Ministerio no explicó suficientemente el por qué del del aumento en el avalúo comercial de los vehículos. Además, dijo, apenas mencionó que contrató a una empresa para que adelantara los estudios respectivos sin siquiera detallar cuál fue el método que utilizó la contratista para establecer los nuevos precios.
“Ni siquiera informa el tipo de contrato, la fecha del contrato y, lo más importante, el Ministerio de Transporte se abstiene de decirle a la comunidad por qué razones habría que redefinir el cálculo de la base gravable, esto es, que ese organismo omite cualquier motivación sobre las circunstancias fácticas que han venido a sustentar la necesidad de que en Colombia se revise íntegramente la composición de la base gravable de miles de contribuyentes del impuesto de vehículos”, explicó.
A su juicio, el deber del Gobierno era explicarle a los colombianos, con suficiencia, cuál era el propósito de esta iniciativa y señalar, con claridad y precisión, qué procedimientos se adelantaron para calcular el precio básico de los automotores.
La determinación se conoce luego de que el propio procurador Alejandro Ordóñez expresó públicamente que apoyaría la suspensión provisional de esa actualización, debido a que esa decisión no tenía un fondo científico serio.
Prueba de ello, según el Ministerio Público, era que vehículos con un valor comercial de menos de 28 millones de pesos estaban tasados en más de 48 millones de pesos
Además, en la resolución no aparecía el cálculo de la base gravable de automotores de ciertas marcas y modelos, lo que obligaba a los propios usuarios a actualizar el avalúo de sus carros por cuenta propia
El reto de la ministra de Transporte, Natalia Abello será demostrar que con esta determinación, no se desconocieron los derechos del contribuyente.
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