Se ponían de acuerdo a través de la Asociación de Subastas del país para cobrar comisiones a los vendedores de ganado.
Desde hacía tiempo los ganaderos se venían quejando por el monopolio y los negocios ‘no santos’ que se hacían en la Subasta Ganadera de Casanare, una de las empresas que cayó tras la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por violación a la libre competencia.
La multa para 16 subastas y la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia asciende a los $2.692 millones.
Según la Superindustria, las mencionadas sociedades formaron un cartel empresarial para fijar, coordinada y artificialmente, una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en subastas públicas.
Las sociedades sancionadas son: Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia; Compañía Comercializadora Ganadera S. A., Comercializadora de Ganados de Sucre S. A., Comercializadora y Promotora Agropecuaria del Centro S. A., Subasta Ganadera Subagan Soga S. A. (Subagan Soga S. A.), Subastar S. A., Inversiones Ganadera Isaye SAS, Subastas Ganaderas del Urabá Grande S. A., Sociedad Central Ganadera S. A., Sociedad Subastadora de Ganados de la Costa Ltda., Subasta Ganadera de Caucasia S. A., Subasta Ganadera de San Jorge y la Mojana S. A., Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga, J.V. Inversiones JHLV SAS, Agrocomercial Koran SAS, Subasta Ganadera Casanare S. A. y Comercializadora y Promotora Ganadera Asocebú SAS.
También fueron sancionados, con una multa de hasta 80 salarios mínimos, los 17 representantes legales porque «colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron el diseño de este esquema, en violación de la Constitución y de la ley».
La Superindustria tiene varias pruebas, entre ellas el acta de la asamblea general de accionistas de Asosubastas del 27 de febrero del 2012, en la que se acordó por unanimidad cobrar una comisión a los compradores de ganado en las subastas ganaderas.
Otra tiene que ver con las “Normas para la Comercialización de Ganado en Subastas como Organizaciones de Intermediación Comercial”, un documento en el que se incluye la «obligación de cobrarle al comprador la tarifa previamente autorizada, así como la prohibición de modificar unilateralmente dicha comisión o cualquier otra de las autorizadas por la asociación».
Hace cerca de dos meses un ganadero denunció la práctica por el acuerdo de precios en las subastas y la queja pasó al superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, recomendó el pasado diciembre que se sancionara a las 17 sociedades.
Tras la investigación, Francisco Reyes tomó las riendas y anunció las sanciones, después de que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se declaró impedido.
