El Senado de la República aprobó por unanimidad, en su primer debate en la Comisión Primera, el proyecto de Ley Anti-Trata (Ley 061 de 2024), que busca fortalecer la lucha contra el delito de trata de personas en Colombia, principalmente en redes sociales y entornos digitales.
Este debate se da en el mes de la mujer, considerando que el 84% de las víctimas de trata en Colombia son mujeres y niñas. La trata de personas es uno de los delitos más rentables a nivel mundial, solo superado por el tráfico de drogas y armas. En Colombia, entre 2015 y 2024, se han reportado 1.610 víctimas, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, esta cifra refleja solo una parte del problema, ya que el subregistro y la falta de denuncias son comunes en todo el país.
La senadora Sonia Bernal Sánchez, autora del proyecto, señaló que las organizaciones criminales aprovechan las redes sociales y otros canales digitales para captar a las víctimas. Según Bernal, la legislación actual no cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar este delito, al que ella denomina la «nueva esclavitud moderna».
El proyecto de ley busca actualizar la Ley 985 de 2005, que adopta medidas de prevención, protección y asistencia para las víctimas de trata de personas. El texto consta de 17 artículos que buscan:
- Adaptación Penal: Incluir tres agravantes penales para enfrentar los desafíos derivados de las nuevas tecnologías y las redes de trata.
- Ataque a las Economías del Delito: Atacar las estructuras que lucran con la explotación de personas.
- Protección y Asistencia a las Víctimas: Establecer medidas para evitar la revictimización y garantizar asistencia inmediata a las víctimas y sobrevivientes.
- Fortalecimiento Institucional: Reforzar las capacidades del Estado en la lucha contra la trata.
- Participación Ciudadana y Académica: Involucrar a la sociedad civil y las instituciones académicas en la prevención y control de la trata de personas.
Finalmente, el senador Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, destacó que estructuras criminales como el ELN y las disidencias de las FARC recurren a la trata de personas, especialmente en el reclutamiento de menores para explotación económica y sexual.
Este avance legislativo busca reforzar la lucha contra la trata de personas en Colombia, especialmente en las redes de explotación digital.
