Con Juliana Giraldo ya son alrededor de 30 personas trans las que han sido asesinadas en lo que va del 2020. Cada acto de violencia contra las personas LGBTI no es una cifra más, no son casos aislados, sino un ataque contra el reconocimiento de la diversidad y el respeto a las identidades y expresiones de género, que profundiza el déficit de protección de los derechos de los hombres y las mujeres trans.
Como lo señaló Laura Weinstein, Directora de la Fundación Grupo de Acción & Apoyo a personas Trans – GAAT “Existe un evidente vínculo entre la exclusión, el prejuicio, la estigmatización, la discriminación, la transfobia y la violencia que, desde temprana edad, sufren las personas trans en la esfera pública y privada por el simple hecho de SER, de expresar su identidad y su expresión de género”. Por esta razón las autoridades deben establecer si en el caso de Juliana su identidad de género fue determinante en su muerte.
En el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – señaló que, en promedio, la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, y esta era precisamente la edad que tenía Juliana cuando fue asesinada por un miembro de la fuerza pública mientras transitaba en un vehículo en inmediaciones del municipio de Miranda, Cauca.
Como lo han reiterado las organizaciones que luchan por los derechos de las personas trans y ellas mismas “en Colombia las personas TRANS mueren dos veces: la primera cuando se les mata, se les violenta, se les acaba con sus sueños y la segunda cuando el Estado, los medios de comunicación y la misma sociedad deslegitiman la construcción identitaria” recordó Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral – MOE.
El Estado colombiano y todas sus autoridades tienen la obligación de prevenir y condenar cualquier acto de violencia y discriminación de las que son objeto las personas trans, como lo señala la Sentencia C- 539 de 2016 de la Corte Constitucional. De acuerdo Wilson Castañeda Castro, Director de Caribe Afirmativo “El no reconocimiento de su identidad de género ANULA por completo su derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión, las y los expone una vez más en una situación de vulnerabilidad que afecta sus derechos laborales, el acceso a la salud e incluso sus derechos y libertades civiles y políticas”.
