El Senador Alexander López (Polo Democrático), pidió al Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, que intervenga urgentemente en el proceso licitatorio que adelanta la Alcaldía de Yopal para contratar la concesión de la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de alumbrado público en este municipio.
López dijo que su petición s ejustifica con la confirmación en segunda instancia del fallo sancionatorio proferido contra el Alcalde de Yopal Willman Celemín, cuya administración «ha emprendido una serie de procesos de contratación cuya única finalidad no es el servicio público, ni la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, sino el presunto lucro de algunos ciudadanos».
Y agrega López: “Uno de los hechos que pongo a su consideración es la posible irregularidad en la licitación que se publicó el día 4 de febrero del presente año, sobre las 10 de la noche y que tiene por objeto entregar la prestación del servicio de alumbrado público a un particular y por un término nada breve de 25 años. Sin entrar a cuestionar los estudios previos, los cuales presentan graves observaciones técnicas, nos preocupa el carácter “EXPRESS” de la licitación pública, donde se vulneran los términos establecidos en la ley 80 de 1.993 con el propósito de evitar la participación efectiva de oferentes y ciudadanos que debido a la formulación de observaciones e inquietudes pudieran dar al traste con el proceso».
El senador López dice que posiblemente se está vulnerando el ordenamiento jurídico que atentaría el principio de publicidad por parte de la Alcaldía de Yopal, lo cual afectaría el proceso de contratación. Y advierte de que el hecho que empresas del sector no puedan presentarse rompería el principio de transparencia y participación ante el margen mínimo de tiempo otorgado, conllevando a que no se pueda hacer un análisis serio y ponderado sobre los estudios económicos, financieros y de ingeniería que implica el proyecto.
El congresista le solicita al Procurador su intervención rápida para que «se ajuste el proceso contractual a la legalidad, para que sea público y transparente, para que puedan los ciudadanos y empresarios analizar detalladamente los aspectos técnicos y financieros del mismo. Y controvertir los defectuosos e irresponsables estudios en que dicha licitación se funda”.
