El Juzgado Cuarto Penal con función de conocimiento de Tunja (Boyacá) condenó a 12 años y 9 meses de prisión a Juan Carlos Rodríguez Arias, alias El Mayor, quien fue declarado responsable de apropiarse de cerca de 600 millones de pesos producto de la estafa de la que fueron víctimas, al menos, 30 personas residentes en Boyacá.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo durante el año 2020 y hasta comienzos de 2021 Rodríguez Arias, se habría asociado con dos mujeres para instalarse en Tunja (Boyacá) donde ofrecieron en venta 100 camionetas, supuestamente, importadas de Brasil.
Los vehículos eran vendidos con la promesa de que a su llegada al país serían contratados por una empresa petrolera para transportar a sus empleados, beneficio que estaría fijado por un periodo mínimo de cinco años.
Con esta falsa ilusión de las víctimas, el procesado y sus socias recolectaron, por lo menos, 318 millones de pesos de incautos ciudadanos ilusionados en tal inversión.
Por estos hechos el hoy condenado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, emisión y transferencia ilegal de cheques, y simulación de investidura o cargo.
La contundencia del material de prueba expuesto hizo que el implicado aceptara su responsabilidad en los hechos. A pesar de la aceptación la defensa del implicado apeló la decisión judicial por estar en desacuerdo con el monto de la pena impuesta.
Juan Carlos Rodríguez Arias, junto con su compañera sentimental y otra persona fue capturado en febrero pasado por integrantes de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Boyacá, y permanece recluido en la Penitenciaría de Cómbita (Boyacá).
El proceso contra las dos mujeres procesadas junto con Rodríguez Arias continuará con el juicio oral ante un juez de control de garantías.
Otros hechos
Pero esta no sería la única irregularidad cometida por alias El Mayor y su empresa falsa. También se logró determinar que para dar credibilidad a su negocio contrató de manera verbal a varias personas para elaborar productos e insumos de bioseguridad. Ninguna de las obligaciones salariales o prestacionales fue cumplida.
Así mismo, habría emitido cheques sin fondos para, supuestamente, pagar bienes y servicios. Y habría incumplido un millonario contrato para adquirir equipos de comunicación.
Estos últimos movimientos sumarían 274 millones de pesos con los que también habrían sido defraudados quienes depositaron su confianza en el procesado. Estas personas también se consideraron víctimas de los delitos cometidos por alias El Mayor.
