Lo hizo ante el Comando de Policía Casanare. Dejó a su secretario Privado con funciones de Alcalde
Hacia las 8 de la noche de este domingo 4 de junio, hizo su ingreso al Comando de Policía Casanare, la Alcaldesa (e) de Yopal, Luz Marina Cardozo, para cumplir los tres días de arresto que le ordenó un juez, por desacatar una tutela que la obligaba al desalojo de un predio privado.
La Alcaldesa estuvo toda la tarde reunida con sus secretarios, a quienes les dio directrices. Igualmente designó con funciones de alcalde al secretario Privado del municipio, Jorge Iván Martínez.
Juan Carlos Suárez, asesor de Planeación y vocero de la administración para referirse al tema de la entrega de Cardozo, dijo que «la ingeniera es respetuosa de las leyes y por eso decidió cumplir el arresto a pesar de que no lo comparte, e incluso aun sin haberse pronunciado la Corte sobre la impugnación al fallo de tutela que interpuso a su vez la Alcaldesa donde pedía echar para atrás la decisión del Juez, y la cual fue fallada en su contra, por el Tribunal Superior de Yopal hace unos días».
Es decir: una es la tutela que ordenaba el desalojo y que la Administración desacató, y otra la tutela que interpuso la Alcaldesa para evitar el arresto.
Según Suárez no era necesaria la suspensión de la Alcaldesa por parte del Gobernador para que ella cumpliera el arresto, por cuanto no se trata de una condena sino d e un hecho administrativo.
En comunicado de prensa la Alcadesa se refirió a su entrega:
https://www.facebook.com/laschivasdelllano/videos/1740740892608126/
“Esta es una oportunidad para decirle a los habitantes del municipio que estamos con ellos, con este hecho estamos diciéndole a más de 350 familias, entre los que hay cerca de mil menores de edad y centenares de ancianos, mujeres cabezas de hogar y en estado de embarazo, que se ha actuado con justicia y con clemencia”, expresa la alcaldesa (e).
Reitera que, no es fácil expulsar de esa manera a una comunidad, sin tomar en cuenta que no se puede garantizar inmediatamente la vivienda digna para ellos, “incluso cuando se habla de desalojar en 24 horas más de 1.300 personas, es una orden cuestionable”.
“Y, podemos creer que esta medida vulnera los derechos de los ciudadanos. Además, la operatividad para ese ejercicio puede llegar a costar al menos 200 millones de pesos, recursos que el municipio tendría que asumir habiendo tanta necesidad por la crisis económica por la que atraviesa el municipio, sin contar que habría que solicitar un aumento en efectivos policiales, no obstante, el honorable Juez insiste en su orden, a tal punto que me restringe con una medida sancionatoria de tres días”.
