La Superintendencia de Salud deberá pronunciarse el 26 de febrero próximo sobre la situación de Capresoca, la EPS casanareña que está con medida preventiva de vigilancia especial desde hace varios meses. La última desde junio de 2023.
La entidad cuenta con 177 mil afiliados, la mayoría en Casanare, y a decir de los sectores de salud, ha sido ‘la caja menor’ de los gobiernos departamentales, principalmente del último, el de Salomón Sanabria y Nuria Bohóqrquez, que lo más que hicieron fue remitir pacientes de alto costo a clínicas d Barranquilla, poniendo en situaciones económicas difíciles a las familias de los pacientes.
Capresoca, tras la medida preventiva, debió implementar acciones de seguimiento, vigilancia y control a la red de prestación de servicios, y solucionar de fondo las inconformidades presentadas con la atención de los usuarios.
Una de las falencias identificadas por Supersalud fue el tema de las quejas: como falta de oportunidad para las citas médicas, la realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y entrega de medicamentos.
Capresoca tenía que ajustar los procesos de contratación, autorizaciones, referencia y contrareferencia con el fin de mejorar las condiciones de salud de su población afiliada y reducir el riesgo jurídico por interposición de acciones de tutela, sin embargo, las quejas evidenciaron incumplimientos.
Otro de los temas que tiene enredada a la entidad, desde hace años, es la deuda con las IPS, las cuales son millonarias.
Así que cualquier cosa, puede pasar este 26 de febrero. Aunque podría demorarse una decisión definitiva, tras la salida del Superintendente de Salud Ulahy Beltrán, a quien le pidieron la renuncia la semana pasada y lo remplazaron ya por el exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, a quien se le conoce como ‘cuchilla’ con las EPS, a las cuales ha salido a tratarlas de ‘ladronas, corruptas”
