El presidente Juan Manuel Santos firmó la ley que permite por una sola vez que las deudas de las EPS del Estado, que han contraído con las IPS, como es el caso de CAPRESOCA, puedan ser pagadas con recursos de Regalías Petroleras.
Para la autorización, deberá presentarse el proyecto al OCAD y éste autorizarlo, los giros de los recursos se harán directamente a los hospitales, para evitar que las EPS inviertan los recursos en otros conceptos, como ha ocurrido en el pasado.
La ley permite por una sola vez que las deudas de las EPS del Estado, que han contraído con las IPS, como es el caso de CAPRESOCA, puedan ser pagadas con recursos de Regalías Petroleras.
Para la autorización, deberá presentarse el proyecto al OCAD y éste autorizarlo, los giros de los recursos se harán directamente a los hospitales, para evitar que las EPS inviertan los recursos en otros conceptos, como ha ocurrido en el pasado.
En los últimos 12 años CAPRESOCA ha recibido salvavidas de este estilo, con recursos de la gobernación, el último que se recuerda fue en el gobierno de Nelson Mariño, quien le transfirió 10 mil millones de pesos para pago a los hospitales.
Los beneficiados con esta medida en primer orden, serán los hospitales de Yopal, Tauramena, Aguazul y la Red Departamental agrupada en Red Salud. A estos hospitales, Capresoca adeuda más de 15 mil millones de pesos, deudas que tienen en jaque a estas instituciones.
La pregunta será ¿esta recapitalización ayudará a CAPRESOCA definitivamente, o prolonga su agonía?
Nombramiento de gerentes
La ley aprobada, trata sobre reglas para el financiamiento del sector salud, pero en el artículo 20 y rompiendo la unidad de materia, se suprime la elección de gerentes de las Empresas Sociales del Estado mediante concursos de meritocracia y deja a discrecionalidad el nombramiento a cargo de gobernadores y alcaldes.
La meritocracia había sido creada por la ley 100 de 1993, pero en los últimos años era evidente la forma en que algunos gobernantes influían en las universidades encargadas de los concursos, para lograr que sus protegidos fueran los ganadores. Esto, solo sirvió para que algunas universidades tuvieran ingresos por los concursos y se demeritara el proceso.
La ley contempla que los concursos que hayan iniciado la etapa de convocatoria, deben continuar y nombrar a los gerentes ganadores. Al Estado le quedó grande controlar la corrupción de estos procesos y prefirió volver a politizar el nombramiento de directores.
