La administración de Yopal continúa su cruzada por «recuperar» el espacio público. En lo corrido de los últimos días, se han adelantado operativos de desalojo y demolición en sectores populares como La Ceiba y Mi Nueva Esperanza, donde se vienen erradicando estructuras “irregulares” para, según el gobierno local, garantizar el orden y la convivencia.
Pero mientras las autoridades presentan estas acciones como un logro institucional —lideradas por el Instituto INDEV y la Secretaría de Gobierno—, hay voces que se preguntan si detrás de estas intervenciones no se esconde un modelo que criminaliza la pobreza y desplaza, sin alternativas reales, a quienes no tienen otro lugar donde vivir.
En el caso de La Ceiba, un ciudadano retiró voluntariamente sus pertenencias de un lote invadido. En Mi Nueva Esperanza, dos construcciones fueron demolidas: una estaba abandonada y la otra había quedado sola tras la muerte de su ocupante. Todo esto, con el argumento de mantener el “orden” en zonas que, históricamente, han sido dejadas de la mano del Estado.
El procedimiento, según las autoridades, sigue un protocolo: primero se verifica si hay ocupación activa del predio, luego se inspecciona el lugar y, si no se evidencia presencia permanente, se procede con el desmonte. Pero si hay sospechas de actividades ilegales, como expendio de drogas, la demolición es inmediata.
Hasta ahí, el discurso parece legal. Sin embargo, organizaciones sociales insisten en que estas acciones no pueden verse solo como «recuperaciones», sino como síntomas de una ciudad que no ha resuelto su crisis de vivienda, ni ofrece soluciones reales a los asentamientos informales que crecen ante el olvido.
La Alcaldía sostiene que el objetivo es tener sectores organizados, seguros y libres de ocupaciones irregulares. Pero la pregunta de fondo sigue abierta:
¿Dónde queda la gente cuando se desocupan los lotes? ¿A quién incomoda realmente su presencia? ¿Es esta una apuesta por la convivencia o por la estética de una ciudad que esconde a sus más pobres?
