Consejo de Estado ordenó pagarle 300 millones de pesos
Todo se origina por que en 1997, Miguel Angel pérez, quien fue elegido Gobernador de Casanare, fue obligado mediante sentencia judicial a salir del cargo, a pesar de que fue elegido para un período de tres años.
Sin embargo durante el proceso de la demanda el mismo Consejo de Estado fallo que el período era isntitucional y no personal, por lo que Pérez no podía continuar en el cargo sino que debía salir en diciembre de 1997.
En cotubre de ese año fue elegido como Gobernador Jorge Proeto Riveros, para igualar el período que iniciaron todos los gobernadores en enero de 1998 y que terminó en diciembre de 2000
El tribunal ordenó el pago de una indemnización de más de 300 millones de pesos por perjuicios materiales y morales causados al exgobernador al estimar que los jueces, por su decisión, ocasionaron un daño por el error judicial.
El demandante afirmó que dicha posición del Consejo de Estado desconoció la jurisprudencia constitucional existente, que determinó que el periodo de los gobernadores era personal e individual y por tres años, como lo disponía en ese momento el artículo 303 de la Constitución.
Miguel Angel Pérez Suárez fue elegido en reemplazo de Emiro Sossa Pacheco, quien había sido designado gobernador para el periodo 1995-1997 y quien fue destituido. Por eso, se estimó que el nuevo mandatario local debía cumplir el periodo institucional para el cual fue elegido el funcionario anterior y no un periodo individual de tres años (1996-1999), por lo que su elección se anuló.
