En los primeros 39 días del Gobierno del presidente Gustavo Petro más de un millón de personas han presenciado la liquidación de sus EPS y han sido afiliadas forzosamente a otras entidades. El traslado ha sido tan difícil que recientemente la Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Salud “adoptar medidas especiales” para que los usuarios de las EPS liquidadas –Convida y Comfamiliar Huila– tengan una atención continua.
Pese a que se trata de un proceso traumático para los pacientes y para todo el sistema de salud, existe la posibilidad de que haya incluso más EPS liquidadas. EL COLOMBIANO pudo confirmar que hay al menos 10 que se encuentran bajo medidas de vigilancia especial porque tienen dificultades económicas y de calidad en la atención.
Dos de ellas (Comfaoriente y Servicio Occidental de Salud S.O.S.) están en programas de recuperación y una de ellas (Emssanar) ya fue sometida a una toma de posesión forzosa.
A su vez, la continuidad de Savia Salud –la EPS pública antioqueña con más de 1,7 millones de usuarios– estuvo en suspenso a comienzos del mes, pero recibió una prórroga de cuatro meses para sanear sus cuentas y enderezar sus indicadores sanitarios.
Las liquidaciones se dan cuando la Superintendencia de Salud le quita el permiso de operar a una EPS debido a que no cumple con requisitos financieros y sanitarios que garanticen el bienestar de sus afiliados.
Son procesos traumáticos para todos los actores de salud, pues afectan a los pacientes y la calidad de atención que reciben y a las IPS que frecuentemente se quedan sin quién les pague millonarias deudas.
Hoy, sin embargo, 43 millones de colombianos están afiliados a EPS que no están bajo medidas especiales de la Superintendencia de Salud.
Fuente: El Colombiano
