“Es una pérdida que no se haya logrado avanzar en tener un código electoral actualizado, el que tenemos es de 1986. Se han intentado diferentes reformas, pero no ha sido posible, porque cuando hablamos de códigos electorales estamos hablando casi del código laboral de quienes ejercen el poder político, por eso es tan difícil poder lograr consenso”.
Así explicó Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, la principal consecuencia de la decisión tomada por la Corte Constitucional, que el jueves tumbó la nueva normatividad para las elecciones en Colombia que había sido aprobada el año pasado por el Congreso de la República.
“Varios artículos tenían la posibilidad de generar una afectación directa a los pueblos indígenas y tribales, como ocurre, con los artículos 35 y 123”, dice el fallo de la Corte.
Sin embargo, para la líder de la MOE lo determinado por el alto tribunal -que el código tenía vicios de procedimiento- era “previsible”, por cuanto las leyes estatutarias no se pueden discutir en sesiones extraordinarias del Legislativo, ya que tocan derechos fundamentales, en este caso derechos políticos, y por eso requieren mayor tiempo para la discusión, lo que se da en las sesiones ordinarias.
“También, por ser una ley estatutaria, como lo había señalado la Corte Constitucional se requería mayor presencialidad. El código electoral fue debatido en la virtualidad prácticamente por casi todos los congresistas y no contaba con un estudio de impacto social e incluía una restructuración de la Registraduría con un incremento importante de contratación por parte de esta entidad”, señaló Barrios.
El nuevo código electoral contaba con el respaldo de la Procuraduría General y de los organismos electorales, que habían pedido celeridad en su estudio.
En cuanto al contenido del proyecto que se había aprobado por el Congreso y que ya no entrará en vigencia, la directora de la MOE destacó que en él se incluía una copia idéntica del formulario E-14, que es el formulario cuenta votos “que es precisamente uno de los problemas que se presentó en este proceso electoral. Tres formularios (escritos) a mano cuenta votos no tiene ningún sentido, entonces toca buscar la manera de poder avanzar hacia una copia idéntica de este formulario para evitar todo lo que se nos presentó en las elecciones a Congreso”.
También recordó que incluía la obligación legal de entregar la información correspondiente a los resultados por parte de la Registraduría, ya que hoy se tiene que solicitar a través de mecanismos como el derecho de petición.
“Incluía procedimientos claros para la revocatoria de candidaturas, una regulación clara y precisa frente al funcionamiento de las encuestas, se incorporaba el concepto de violencia contra la mujer en política” y contemplaba el control a la implementación y ejecución de nuevas tecnologías”, puntualizó.
Sin embargo, la directora de la Misión también indicó que en el proyecto que no fue aprobado se avalaba la ampliación de la planta de personal de libre nombramiento y remoción en la Registraduría y se descartaba la adopción de una carrera administrativa especial electoral, “que permite tener funcionarios técnicamente capacitados, y la regulación de las coaliciones seguía sin tener reglas claras”.
De igual forma, habló de la no inclusión del funcionamiento de las bancadas, omisiones en las regulaciones de los tribunales de garantías de funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y de financiación. “Se establecía la contratación por parte de la autoridad electoral con unas limitaciones de acceso a la información argumentando temas de seguridad nacional, que ha sido de los temas que ha generado tanto debate en este último proceso electoral”, añadió Barrios.
Fuente: El País
