El proyecto de ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de grupos armados ilegales presentado este miércoles ante el Congreso de Colombia no significa «una negociación política» con las bandas, que operan redes de narcotráfico, minería ilícita y trata de personas en el país suramericano, aseguran legisladores.
La propuesta fue radicada ante el Parlamento por los Ministerios de Justicia y del Interior, junto a congresistas miembros del Pacto Histórico, la coalición política que apoya al presidente colombiano Gustavo Petro en la búsqueda de «paz total» como política de Estado.
Entre las más de 20 organizaciones criminales que podrían acogerse a esta nueva ley, de ser aprobada, estaría el peligroso Clan del Golfo, responsable de actos de violencia y tráfico de drogas en varios departamentos colombianos.
«Con estos grupos no hay una negociación política. Lo que hace el Estado es aprobar una ley y ofrecerles que se acojan a ella precisamente para tratar de facilitar que se pongan a disposición de la justicia y paren estas olas de violencia que tenemos en el país», aseguró el legislador Alirio Uribe.
El político colombiano insistió en que esperan que «estos grupos consideren esta oferta que hace el Estado», durante un seminario online organizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización por la defensa de los derechos humanos, con sede en Estados Unidos.
Uribe enfatizó que lo que se busca es que estas bandas hagan «dejación de armas, que entreguen a los secuestrados, que devuelvan niños que tengan reclutados, que informen sobre todas sus actividades criminales, sobre el inventario de bienes, de rutas ilícitas de narcotráfico, de redes de apoyo, que digan la verdad».
Para quienes se entreguen y cumplan estos requisitos, sus causas se procesarán en instancias de justicia ordinaria, donde se les impondrán penas de seis a ocho años de cárcel, seguidas de cuatro de libertad supervisada; en su conjunto inferiores a las condenas que usualmente se imponen a delitos violentos en las cortes colombianas.
«El objetivo es lograr que estos grupos se desmonten de una manera definitiva y que no se restablezcan los patrones delictivos», puntualizó Uribe, quien advirtió que quienes no «cumplan los requisitos o vuelvan a delinquir se les aplicarán las penas originales», entre 40 y 50 años para este tipo de delitos.
El político remarcó que es «muy importante que los partidos políticos que están en este Congreso tengan interés en avanzar para aprobar esta ley» y agregó que no se afectarán los tratados de extradición internacional vigentes con EEUU.
BUENAS NOTICIAS: Hoy radicamos junto a @MinjusticiaCo @osunanestor y MinInterior @alfonsoprada ley para sujeción a la justicia de estructuras armadas de crimen de alto impacto, en el marco de la política de paz total. @IvanCepedaCast @ArielAnaliza pic.twitter.com/K6Fv9Zz2hf
— Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) March 15, 2023
Alirio Uribe mencionó los esfuerzos por traer a la mesa de negociación a los grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la recién concluida ronda de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en México.
«Todo esto demuestra que la paz total es uno de los ejes vitales, una de las metas más importantes de este gobierno», afirmó el político.
La iniciativa, que se debatirá a partir de este miércoles en el Congreso, en donde el Gobierno tiene hasta ahora una coalición que le garantiza la mayoría; ha sido acogida con reacciones encontradas y ha levantado polémica por las críticas de dirigentes políticos, entre ellos el fiscal general, Francisco Barbosa, que advierten sobre el riesgo de negociar con narcotraficantes e indultarlos.
Ante esto el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, aseguró a Reuters que «no hay ni indultos, ni excarcelaciones masivas. Hay una oferta de desmonte voluntario de estructuras armadas a cambio de un trato penal más benigno».
Un proceso de reconciliación
«Lo que hoy se propone forma parte un Pacto Nacional que reconcilie a todos los colombianos, no solo los que están armados contra el gobierno, sino a todos los colombianos», remarcó en la trasmisión de WOLA, el senador Iván Cepeda.
Cepeda resaltó los adelantos en los diálogos con el ELN, que ahora pasarán a tener sede en Cuba. «Llevamos dos meses de negociación efectiva», dijo.
Para la directora del Latin America Working Group, Lisa Haugaard, «es necesario el apoyo firme de la comunidad internacional y en especial del gobierno de EEUU» en estos esfuerzos por la «paz total» que impulsa el presidente Petro.
Haugaard subrayó que entre las acciones que el gobierno del presidente Joe Biden podría poner en práctica para facilitar el proceso de paz estaría el sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La isla caribeña, una de las naciones garantes del proceso de paz con el grupo insurgente, fue incluida en esa lista negra luego de negarse a entregar a los negociadores del ELN – de acuerdo a los protocolos de ruptura de las negociaciones- cuando el expresidente Iván Duque suspendió el diálogo con la guerrilla y exigió la extradición de los miembros del equipo negociador.
Hauggard también llamó la atención sobre la necesidad de determinar cuál será el papel de las familias de las víctimas y cómo van a ser satisfechos sus derechos.
«Se está reconociendo la necesidad de cerrar un ciclo de varias décadas donde la guerra, los conflictos armados, la violencia ha sido un elemento inherente a la sociedad colombiana», indicó el Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González.
Según González la «paz total» no «es una propuesta de gobierno, no es una propuesta de una coyuntura, es un llamado a la sociedad entera, a un gran acuerdo de sociedad, para cerrar esta era de violencia» que ha cobrado más de 45.000 vidas a lo largo de seis décadas.
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