La Procuraduría General de la Nación emitió fallo en primera instancia en el cual inhabilita y sanciona por nueve meses al exalcalde de Villavicencio y actual candidato a la Gobernación del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
La decisión se da por irregularidades en la aprobación del proyecto para reformar la planta de personal y el ajuste salarial a varios funcionarios del Concejo municipal en el año 2013, dicha sanción también fue impuesta a Alexánder Baquero Sanabria, quien es actual candidato a la Alcaldía de Villavicencio y otros 13 concejales más de la época.
El Ministerio Público, aseguró que Zuluaga a pesar de tener pleno conocimiento sancionó el acuerdo No. 205 de 2013 y logró hacer efectiva la modificación de la plata de personal y el ajuste salarial para los funcionarios.
En el fallo de primera instancia las faltas fueron calificadas como graves a título de dolo, aunque, esta decisión se encuentra en trámite de notificación y lo sancionados tendrían derecho a apelar.
La sanción
La sanción también fue impuesta a Óscar Armando Alejo Cano, Alexander Baquero Sanabria, Miguel Giovanni Beltrán Knorr, Carlos Alberto Carreño Pedraza, Walter Cock Echavez, Marco Aurelio López Lozada, José Yesid Morales Espitia, Jairo Narváez Falla, José Antonio Pérez Casiano, Mario Germán Rey Rey, José Manuel Sandoval Garzón, Luis Fernando Vargas peña, y Hector Fabio Vélez Bermúdez, quienes se desempeñaron como concejales de Villavicencio en octubre de 2013.
El Ministerio Público señaló que el exalcalde sancionó el Acuerdo No. 205 de 2013, pese a tener conocimiento de que no era viable y en lugar de devolverlo para que el concejo lo archivara, dispuso su publicación inmediata, logrando la modificación de la planta de personal y el ajuste salarial a los funcionarios de la corporación municipal.
Así mismo, se pudo establecer que los cabildantes omitieron el ejercicio de sus funciones al debatir y decidir acerca de unas objeciones de derecho e inconveniencia formuladas por la alcaldía contra el proyecto No. 205-2013, y a pesar de eso votaron favorablemente sus correcciones, declararon la integridad del mismo y lo remitieron al despacho del alcalde para que fuera firmado, contrariando lo establecido por la normatividad vigente.
