En una intervención directa para frenar el caos institucional, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección técnica en la Cancillería, tras el colapso sistemático en la entrega de pasaportes. El ente de control no solo buscaba las causas técnicas de la caída de la plataforma SITAC, sino que puso el foco en la gestión administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalando presuntas irregularidades contractuales.
Hallazgos de la inspección: Contratista «intocable»
Durante la diligencia, los funcionarios de la Procuraduría Primera Delegada evidenciaron una situación crítica que va más allá de un simple fallo informático. Los puntos más graves detectados incluyen:
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Contrato viciado: El ente de control advirtió irregularidades en la modalidad de contratación, la idoneidad del ejecutor y el manejo de los pagos y prórrogas.
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Negligencia administrativa: Se observó una posible omisión por parte de la Cancillería al no sancionar al contratista incumplido, a pesar de las constantes fallas que afectaron el servicio a nivel nacional.
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Abandono tecnológico: La plataforma SITAC, recientemente blanco de ataques cibernéticos, carece de la actualización y el mantenimiento necesarios para operar de forma segura.
Un sistema vulnerable y sin responsables
La inspección confirmó que la infraestructura informática del Ministerio es obsoleta, lo que facilitó el colapso del suministro de libretas tras los incidentes digitales. Para la Procuraduría, la falta de optimización de los trámites internos y externos es una muestra clara de incumplimiento de funciones.
La información recolectada será evaluada minuciosamente para determinar el grado de responsabilidad de los altos funcionarios en este descalabro. Mientras tanto, en regiones como las Chivas del Llano, los ciudadanos siguen pagando las consecuencias de una gestión contractual que hoy tiene a la Cancillería rindiendo cuentas ante los entes de control.
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