La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Casanare, Anderson Salvador Bernal Tello (2016 – 2019), cuatro secretarios de su administración, tres de la gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas Héctor Miguel González Lozano; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla, y al exdirector del Departamento Administrativo de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
