Con base en información oficial emitida por la Procuraduría General de la Nación, se encendieron las alarmas en Casanare: 11 municipios del departamento habrían incumplido con su deber de garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones educativas de zonas urbanas bajo su competencia.
Ante la gravedad del panorama, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare abrió indagaciones preliminares para identificar responsables y determinar si existieron fallas en la planeación, contratación oportuna y ejecución del servicio correspondiente a la vigencia 2025.
Municipios señalados: entre la omisión y el silencio
Según el comunicado del Ministerio Público, los municipios en la mira son:
Monterrey, San Luis de Palenque, Maní, Pore, Villanueva, Sácama, La Salina, Trinidad, Nunchía, Támara y Recetor.
En el caso de San Luis de Palenque, Maní, Pore y Villanueva, el seguimiento reveló que no habían iniciado la prestación del servicio del PAE al momento del control.
Más crítica aún es la situación en Sácama, La Salina, Trinidad, Nunchía y Támara, municipios que no dieron respuesta a los requerimientos enviados por la Procuraduría durante su vigilancia preventiva. A la fecha, no hay certeza de que los niños estén recibiendo alimentación escolar en estas localidades.
En Recetor, además, se investiga el presunto incumplimiento del acuerdo de bolsa común firmado con la Gobernación de Casanare para la implementación del PAE.
¿Quién responde por la alimentación de los niños?
El PAE no es un favor ni una ayuda asistencial. Es un derecho fundamental para los estudiantes del sistema educativo oficial y una obligación ineludible de las entidades territoriales.
Cuando un municipio no cumple con este servicio, no se trata de un simple retraso administrativo: se está fallando en la garantía de derechos básicos a menores de edad, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad.
La Procuraduría General de la Nación también anunció que continuará haciendo seguimiento al PAE en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Tauramena, Aguazul, Chámeza y Orocué, donde se mantiene vigilancia preventiva.
Por ahora, lo que hay son nombres, advertencias y expedientes abiertos.
Pero la comunidad exige algo más urgente: acciones que garanticen el alimento de los estudiantes, sin excusas, sin demoras y sin discursos vacíos.
