La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias.
El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia´, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.
De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones entre esas la de Casanare. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.
Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones.
El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander.
Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios.
Así mismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya.
De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría.
ACCIONES CONJUNTAS
Como parte del trabajo conjunto del programa ´Transparencia para la Emergencia`, para el caso de la alcaldía de Malambo
MALAMBO
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses, al alcalde de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del Contrato 001 de 2020, con la Fundación Lirio de los Valles, por $4.000 millones de pesos, para adquirir kits de mercados para la población vulnerable del municipio, con ocasión a la emergencia generada por el covid-19.
También se abrió investigación contra Doris Emilse Monsalve Parra, profesional universitaria adscrita al despacho del alcalde, en el Área de Programas Sociales, quien figura como supervisora de la entrega de 80.000 mercados a la población vulnerable del municipio.
La Procuraduría busca establecer si se presentó celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y con personas jurídicas que no contarían con capacidad logística, jurídica y financiera; si hubo deficiencias en la determinación del valor de los ítems de las ayudas humanitarias y el número de hogares que podrían ser beneficiarios, que según el DANE llegan a 30.211, y si se presentó un inadecuado y deficiente seguimiento y control a la entrega de los víveres y a la inversión de los recursos públicos.
SINCELEJO
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos.
Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
GIRÓN
La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Girón, Santander, Carlos Alberto Román Ochoa, y a la jefe de la Oficina Jurídica, Luz Mireya Machuca, por presuntas irregularidades en la celebración de dos negocios jurídicos a través de la modalidad de contratación directa por $3.461’847.778.
El órgano de control cuestionó la posible vulneración de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la suscripción de los contratos 088 de 2020 por $1.400 millones de pesos, para la adquisición de 20.000 kits de mercado dirigidos a la población vulnerable, y el No. 100, por $1.068’700.964 para el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, mediante entrega de mercados a la comunidad estudiantil, en los que se habrían presentado aparentes sobrecostos y favorecimientos al proveedor Ariel Castro Garcés.
En el juicio disciplinario los investigados también deberán responder por presuntas irregularidades en la celebración del Contrato Adicional No. 01 por $ 993.146.814.
COVEÑAS
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano, y al secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, Fabio Enrique Maestre Machado, por presuntas irregularidades y sobrecostos en el Contrato de Suministro No. CP-COV-001-2020 con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe -FUNCARSERVICIOS – para la entrega de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia, para atender la calamidad publica por el COVID-19, representada en 6.000 kits de alimentos y otros 6.000 de aseo, por un valor de $1.206 millones.
Se investiga la idoneidad para contratar con una fundación que tiene su sede en otro departamento y que tuvo que adquirir con un proveedor mayorista los productos incluidos en los kits y si los precios unitarios de los productos que componían los kits de alimentos y aseo, así como el del transporte fueron modificados al arbitrio de la fundación contratista, sin que existiera una justificación valedera o económicamente razonable, lo que habría sido avalado por los funcionarios, en lo que sería un caso, además, de presunta negligencia, con actuaciones precipitadas y carentes de cuidado.
ARMENIA
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales, y cuatro funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros por más de $1.590 millones de pesos.
Se trata de la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Sambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita (para la época de los hechos).
El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500 millones de pesos; 02, por $350 millones de pesos; 03, por $300 millones de pesos, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.
ARAUCA
En el caso del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, ya comenzó el juicio disciplinario por presuntas irregularidades en un contrato por $570 millones, y está en evaluación de si se le llama a juicio disciplinario, en un segundo proceso, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato con posibles sobrecostos para la adquisición de kits de mercados para la población del departamento.
PALOCABILDO
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez Velásquez, y del secretario General y de Gobierno, Juan Manuel Troncoso Villamizar, por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato por $72 millones sin cumplimiento de requisitos legales y presunta falsedad ideológica en documento público, para el acompañamiento de los planes de acción contra la contingencia del covid -19.
Se investigan las denuncias de la exsecretaria de Salud del municipio, Victoria Fernanda Suárez Pava, quien aseguró que pese a su negativa de aceptar ser la supervisora del contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) apareció publicado el 21 de abril, un documento de fecha 1 de abril, donde figura que el original fue firmado por ella, hecho que la exfuncionaria niega. Además, para la supuesta fecha de la firma del contrato, este no contaba con disponibilidad presupuestal.
GOBERNADORA VALLE DEL CAUCA
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y a la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes Duque, por presuntos sobrecostos en el contrato para la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas 3 capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy, por un valor de $15.132.829.976, para atender emergencia por la covid-19.
La investigación busca establecer presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato, que fue adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta.
En un segundo proceso se investiga al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca de la gobernación de Valle, Andrés Murillo, por presuntas irregularidades en el contrato de compraventa Nro. 1.340-59.9-3340, suscrito el 31 de marzo de 2020 con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Valle.
El órgano de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la ejecución del negocio jurídico y la metodología empleada por la secretaría para proveer ayudas alimentarias a la población vulnerable del departamento, afectada por emergencia generada por el covid-19.
FONDOPAZ
Como resultado de la vigilancia preventiva ejercida por la delegada de Función Pública, que terminó en informe con incidencia disciplinaria , en las últimas horas el PG designó un funcionario especial para adelantar la investigación que permita esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la suscripción del contrato FP-290 de 2020 del Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDOPAZ -, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Du Branss S.A.S..
De la vigilancia realizada se pudo establecer que no sería clara la conexidad del contrato con el objeto legal del fondo, lo que habrá de ser investigado, para evaluar su legalidad y oportunidad.
UNGRD
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Ángulo, y a los subdirectores General, Gerardo Jaramillo Montenegro, y para el Manejo de Desastres, Guillermo Escobar Castro, por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país, para los programas de apoyo social que lidera el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del covid-19.
Se buscan establecer los criterios que fueron tenidos en cuenta por la entidad para la selección de los contratistas, su capacidad técnica, financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta en este proceso.
GOBERNADOR VICHADA
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, y al técnico de la Oficina de Compras, Cicerón González García, por presuntas irregularidades con el contrato de compraventa No. 366 de 2020 por $1.714’041.000, para la adquisición de mercados para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, con ocasión a la emergencia derivada del covid-19.
Se investiga una inadecuada planeación en la etapa precontractual que permitió estimar unos precios alejados de la realidad, y la ausencia de estudios de precios del mercado, omisión que habría derivado en presuntos sobrecostos.
Con esa suscripción del contrato pudo desconocerse los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación estatal.
GOBERNADOR TOLIMA Y OTROS 11
La Procuraduría abrió investigación al Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones, para atender la emergencia derivada del covid-19.
La decisión también cobija a los secretarios General y de Apoyo a la Gestión, Santiago Barreto Triana; de Inclusión Social Poblacional, José Luciano Bolívar Torres; de Ambiente y Gestión del Riesgo, Fredy Torres Cerquera, y del Interior, Alexánder Tovar González, en sus calidades de miembros indelegables del comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento de Tolima, ante supuestas irregularidades en el control y vigilancia del objetivo del fondo.
Se ordenó la suspensión provisional por tres meses de la secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del fondo, ante la posibilidad de la reiteración de las presuntas faltas disciplinarias investigadas, entre ellas, supuestos sobrecostos y desatenciones a los principios de la contratación pública y la función administrativa.
También se solicitó al Gobernador del Tolima la suspensión de la ejecución del contrato suscrito con León Gráficas, para adelantar durante la emergencia sanitaria por el covid-19, un plan de medios y comunicaciones que superaría los $1.000 millones de pesos.
GOBERNACIÓN CESAR
La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente, por tres meses, a la secretaria General de la Gobernación de Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, y a la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de $2.600 millones de pesos, con las fundaciones Visión Caribe, para el Desarrollo Social de los Colombianos, por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar.
Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados, e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales.
Con esta suscripción del contrato pude haberse desconocido los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación estatal.
GOBERNADOR AMAZONAS
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, y a los secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales, Cristian Camilo Aldana Salazar, de Educación, Víctor Manuel Mora, y a la profesional universitaria de la Secretaría de Educación, Linda Marcela Velásquez Vera, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos de suministro 797 y 798 de 2020.
Se investiga si la gobernación habría utilizado la figura de urgencia manifiesta para contratar directamente con un proveedor que al parecer carece de idoneidad. Además, si los contratos mencionados se derivarían de acuerdos previos entre políticos y contratistas del departamento.
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al secretario General del Gobernación de Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia del covid-19.
Se investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 4200 mercados, y otro por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.
Se busca establecer si se vulneraron los principios y normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en concordancia con los de eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público.
GOBERNADOR SAN ANDRÉS
La Procuraduría abrió investigación al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes, por presuntas irregularidades en el contrato 540 de 2020, para el suministro de 50.000 unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial por un valor de $521 millones de pesos.
Al parecer, el contrato se suscribió con una empresa de propiedad de una exfuncionaria de la Cámara de Comercio, que no tenía por objeto social la venta de elementos de bioseguridad y además, habría renovado la licencia para añadir dentro de su objeto social el comercio al por menor, con lo que se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación pública.
ALCALDE QUIBDÓ
Contra el alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, se adelantan dos investigaciones. La primera por presuntas irregularidades en la firma de un contrato, el 24 de marzo, para la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción y prevención del contagio del covid-19, por $118’300.000.
Se busca establecer si el alcalde invirtió recursos destinados a prevenir el contagio en una campaña de publicidad, con lo que pudo desconocer los principios de la contratación estatal, atendiendo a que las necesidades contratadas no serían imperiosas ni podían ser consideradas como un aporte significativo en la contención o mitigación de la pandemia.
En un segundo proceso, se busca determinar presuntos sobrecostos en la compra de 4.050 kits de alimentos para las familias vulnerables del municipio, por $353’565.000.
ALCALDÍA MEDELLÍN
La Procuraduría abrió investigación a la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruíz, por presuntos sobrecostos en la contratación del servicio de alimentación escolar durante la emergencia por el covid-19.
Se busca establecer si se pagó por cada ración entregada a los estudiantes $32.500, cuando en el mercado esta tendría un valor estimado entre $10.000 a $15.000. El monto del contrato objeto de la investigación es de $7.168.848.968.
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS
La Procuraduría abrió investigación al director Nacional de Bomberos, capitán Charles Wilber Benavides Castillo, por presuntas irregularidades al contratar, el 24 de marzo, la adquisición de 30 camiones cisterna, por más de 13.000 millones de pesos.
ALCALDE CALARCÁ
La Procuraduría abrió investigación al suspendido alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero, por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria por covid-19.
La decisión también vincula al secretario Administrativo, José Winser Garzón Tobaría; al subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias, y al contratista, Jhon Jairo Botero Sabogal.
El ente de control investiga si el contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 223 del año 2020, se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que solo procede para la adquisición de bienes y servicios para evitar o mitigar el impacto de una emergencia.
ALCALDE GIRARDOTA
La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Girardota, Antioquia, Diego Armando Agudelo Torres, y el secretario de Salud, Participación Ciudadana y Protección Social, William Felipe Ochoa Saldarriaga, por presuntas irregularidades en la contratación y entrega de alimentos por más de $162 millones de pesos.
Se busca establecer presuntas faltas relacionadas con la celebración del contrato 071 del 25 de marzo de 2020, con la Empresa de Suministros Empresariales de Colombia (SUEMCOL S.A.S.), para el suministro de paquetes alimenticios a la población vulnerable del municipio, contratista que al parecer no cumple con la actividad económica para comercializar alimentos o distribuir productos de la canasta familiar.
ALCALDE SANTA ANA – MAGDALENA
Se abrió investigación al alcalde de Santa Ana, Magdalena, Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, el pasado 22 de abril.
Se investiga si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente.
DECISIONES ANTERIORES ÚLTIMA SEMANA
PUTUMAYO
En el caso del gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, se abrió investigación por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de 10 ambulancias para el departamento, por un valor que supera los $3.460 millones de pesos.
A este caso también están vinculados el secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.
TIERRALTA, CÓRDOBA
Al alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente por tres meses, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria.
CERETÉ, CÓRDOBA
Al alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente, por tres meses, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio.
SUCRE, SUCRE
A la alcaldesa de Sucre, Sucre, se le abrió investigación disciplinaria y se suspendió provisionalmente, por tres meses, por presunta omisión al cumplimiento de la orden presidencial de confinamiento obligatorio con el fin de evitar la propagación del covid-19.
CALARCÁ, QUINDÍO
La Regional Quindío confirmó la suspensión provisional del alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras, y del secretario Administrativo del municipio, José Winser Garzón Tobaría, ante la posibilidad de que su regreso al cargo posibilite la reiteración de la presunta falta por la que son investigados.
La investigación se adelanta por presuntas irregularidades con el contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
CHOCÓ
La Sala Disciplinaria confirmó la suspensión provisional al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades con la celebración de un contrato por más de $2.000 millones de pesos, para promoción de actividades relacionadas con el covid-19.
EL DONCELLO, CAQUETÁ
La Procuraduría General adelanta juicio disciplinario contra el alcalde de El Doncello, Caquetá, Gerson Enrique Gaviria Cuestas (2020 -2023), por la presunta adopción de medidas que vulnerarían el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos del municipio, que resulten sorprendidos infringiendo el confinamiento obligatorio decretado para contener la expansión del covid-19.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Regional de Caquetá, el funcionario habría expedido un formulario denominado ‘Para el ciudadano infractor’, en el que los habitantes que violen la cuarentena renuncian a recibir atención médica en caso de resultar contagiados por el virus y autorizan la aplicación de la eutanasia en el evento de ser un paciente terminal.
PUENTE NACIONAL, SANTANDER
La Procuraduría adelantará juicio disciplinario contra la comisaria de Familia de Puente Nacional, Santander, Emma Isabel Flórez Rincón, y el auxiliar administrativo, Miguel Alonso Téllez Rincón, por presunto incumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para la contención del covid-19.
Deberá responder por los hechos que generaron la imposición de un comparendo por parte de la policía, el 24 de abril de 2020, cuando al parecer, se encontraban departiendo con otras personas en el parque principal del municipio.
MANIZALES, CALDAS
La Procuraduría abrió investigación al secretario General de la alcaldía de Manizales, Juan Camilo Arroyave Ocampo, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato el 2 de abril con el canal de televisión Telecafé por $470 millones, para la prestación de servicios como central de medios, actividades como agencia de publicidad, desarrollo de estrategias de comunicación y operador logístico de eventos.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca establecer si la selección del contratista estuvo ajustada a la normatividad contractual, si se presentaron posibles sobrecostos y si el objeto pactado tenía incidencia directa con la mitigación de la emergencia económica y la sanitaria con ocasión de la pandemia del Covid-19.
