El procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez dijo que no es concebible en un estado de derecho que se coarte la libertad de expresión de los ciudadanos, quienes legalmente pueden subir a internet o publicar videos, audios o fotos de hechos de orden público.
Ordóñez respondió así a la restricción que lanzó este fin de semana el Fiscal Eduardo Montealegre luego de que ciudadanos publicaran en redes sociales fotos y videos de los atentados de Bogotá y que fue el consenso de una reunión de seguridad hecha en la capital.
«El transeúnte que graba en su teléfono celular un video de una situación como la ocurrida en la calle 72 de Bogotá, la semana pasada, no es un criminal, no viola el código penal y no puede ser castigado con cárcelporque lo divulgue en Twitter, en Facebook o en otras redes sociales y no lo entregue únicamente a las “autoridades” como se pretende”, de esta forma el procurador General, Alejandro Ordóñez rechazó la advertencia hecha el pasado viernes por el Gobierno tras el consejo extraordinario por las dos explosiones registradas en la tarde del jueves en la capital de la República.
Para el jefe del Ministerio Público, este tipo de medidas y restricciones solamente se presentan en las dictaduras y no puede ser aceptada por un “estado de derecho y en un régimen democrático”. En este sentido calificó como inadmisible dicha advertencia, emitida por el fiscal General, Eduardo Montealegre frente a la publicación de videos, imágenes, audios, entre otros, de este tipo de hechos que sacuden el orden público puesto que se estaría afectando el derecho de la libertad de expresión y se actuaría en contravía de sentencias de la Corte Constitucional y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“Quien grabe un video y lo difunde lo hace en ejercicio del derecho fundamental a la libertad expresión. En Colombia no existe legislación que impida que un ciudadano pueda grabar videos o audios de un hecho criminal, tampoco que los divulgue en internet. Por el contrario, si el deber de solidaridad con la sociedad y de apoyar a las autoridades para prevenir o perseguir el delito. El repudio social a la violación está estrechamente ligado a la libertad de expresión. ¿Por qué perseguir a quienes la ejercer para condenar el terrorismo?”, señaló el Procurador General.
“El transeúnte que graba en su teléfono celular un video de una situación como la ocurrida en la calle 72 de Bogotá, la semana pasada, no es un criminal, no viola el código penal y no puede ser castigado con cárcel porque lo divulgue en Twitter, en Facebook o en otras redes sociales y no lo entregue únicamente a las “autoridades” como se pretende”, de esta forma el procurador General, Alejandro Ordóñez rechazó la advertencia hecha el pasado viernes por el Gobierno tras el consejo extraordinario por las dos explosiones registradas en la tarde del jueves en la capital de la República.
Para el jefe del Ministerio Público, este tipo de medidas y restricciones solamente se presenta en las dictaduras y no puede ser aceptada por un “estado de derecho y en un régimen democrático”. En este sentido calificó como inadmisible dicha advertencia, emitida por el fiscal General, Eduardo Montealegre frente a la publicación de videos, imágenes, audios, entre otros, de este tipo de hechos que sacuden el orden público puesto que se estaría afectando el derecho de la libertad de expresión y se actuaría en contravía de sentencias de la Corte Constitucional y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“Quien grabe un video y lo difunde lo hace en ejercicio del derecho fundamental a la libertad expresión. En Colombia no existe legislación que impida que un ciudadano pueda grabar videos o audios de un hecho criminal, tampoco que los divulgue en internet. Por el contrario, si el deber de solidaridad con la sociedad y de apoyar a las autoridades para prevenir o perseguir el delito. El repudio social a la violación está estrechamente ligado a la libertad de expresión. ¿Por qué perseguir a quienes la ejercer para condenar el terrorismo?”, señaló el Procurador General.
EL ESPECTADOR
