Durante el Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas, porque el Congreso de la Republica no aprobó la Reforma a la Salud que incluía un salvavidas a estas empresas. Además, el mandatario fue enfático en decir que el Gobierno nacional no va a pagar la deuda de las EPS que actualmente asciende a 50 billones de pesos.
La orden la impartió el mandatario a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. No dio detalles claros de las EPS pero se presume que son la Nueva EPS (aunque esta por ser el estado su mayor accionista no estaría en el listado), Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud, Capresoca.
“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato», dijo el presidente.
“Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS; es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia», manifestó.
Asimismo, el jefe de Estado anunció que su Gobierno va a presentar nuevamente el proyecto de Reforma a la Salud ante el nuevo Congreso de la República que inicia sesiones ordinarias el 20 de julio de 2026. Lo mismo ocurrirá con la Reforma Tributaria que el actual Congreso hundió.
“Esa reforma (a la salud) se presentará de nuevo el 20 de julio; ministro de Hacienda, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad; depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas», recalcó.
El origen de la decisión de liquidar
El presidente Petro explicó que la decisión de liquidar las EPS quebradas tiene su origen en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió de manera provisional el Decreto 0182 de 2026, por medio del cual su Gobierno ordenaba el reordenamiento territorial y traslado masivo de usuarios entre las EPS.
“Hubo un Tribunal que no tenía competencia -ministro de Justicia- para acabar un decreto del Gobierno nacional. Ha tumbado el reordenamiento de los usuarios en las EPS, tanto intervenidas como no, que daría más eficiencia a las EPS, dado que tendría sus afiliados cerca a sus sedes, regionalmente hablando, y podrían implementar el sistema preventivo», aseveró el mandatario.
A renglón seguido expresó que al tumbar el Decreto 0182, el “Tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. No es el único problema, pero es uno de los más graves. Y evitó la solución del Gobierno. En una política de atranque y atranque de la reforma de salud, que lo único a lo que está conduciendo es a que hoy todas las EPS están quebradas».
El jefe de Estado dejó claro que las EPS no están quebradas por negligencia del Gobierno: “No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca», afirmó.
“Dejen de pensar en ayudarles a los dueños privados de las EPS, no se lo merecen, se robaron el dinero de la salud desde hace décadas. Lo que pasa es que la fiscal no investiga, ya no me tengo que retractar», subrayó el mandatario.
EPS intervenidas y número de afiliados
- Nueva EPS: 10,8 millones de afiliados
- Famisanar: 2,9 millones de afiliados
- Coosalud: 3,2 millones de afiliados
- Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados
- Emssanar: 1,7 millones de afiliados
- Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
- Servicio Occidental de Salud: 750.000 afiliados
- Capresoca: 170.000 afiliados
Las ocho EPS intervenidas concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale aproximadamente al 43% de la población colombiana. La magnitud de la medida anticipa un impacto significativo en la prestación de servicios de salud. Expertos advierten que la transición podría generar congestión en hospitales y clínicas, así como dificultades en la continuidad de tratamientos, entrega de medicamentos y atención médica para millones de usuarios.
