La seguridad en las carreteras de Boyacá estuvo bajo la lupa de la Fiscalía tras descubrirse una red de corrupción que operaba desde el interior de un centro de enseñanza automovilística en Samacá. Siete empleados de esta institución habrían convertido el trámite de las licencias de conducción en un negocio ilegal, otorgando certificados de aptitud a personas que jamás cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la ley.
El rastro delictivo, que se concentró entre enero y septiembre de 2024, dejó al descubierto al menos 18 eventos donde se consignó información falsa en las plataformas que alimentan al Ministerio de Transporte. Según la investigación, mientras algunos administrativos se encargaban de cargar datos falsos en el sistema para dar por aprobados los exámenes, un grupo de instructores se dedicaba a alterar las planillas de asistencia y calificaciones. El engaño era tan profundo que incluso realizaban registros biométricos fraudulentos para burlar los controles y dar una apariencia de legalidad a procesos donde los alumnos nunca aparecieron por las clases prácticas.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Karen Julieth Escala, Julieth Alejandra Muñoz, Euliber Páez, Jorge Andrés Zapata, Cristian Camilo Cuadrado, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Aunque los acusados no aceptaron los cargos, el proceso pone en evidencia el riesgo de tener conductores en las vías que obtuvieron su permiso sin haber tocado un pedal, simplemente pagando por un certificado de papel.
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