Ángela Guerra y Edilberto Rojas Torres fueron capturados en Armero Guayabal. La Fiscalía les imputará los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento. Medicina Legal determinó que la pequeña murió por traumas en su cabeza.
El país esperaba que la justicia actuara para no dejar impune la muerte de Sara Yolima Salazar, una menor de 3 años que llegó al hospital Federico Lleras Acosta de Armero Guayabal, el pasado 21 de abril, con heridas en el pecho, trauma cráneoencefálico severo, amputación de un dedo, fractura en el brazo izquierdo, cicatrices en las piernas y signos de abuso sexual.
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Este jueves, fueron capturados en Armero Guayabal los padrinos de la pequeña, presuntos responsables del hecho. En las próximas horas serán realizadas las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos en Ibagué, Tolima.
Ángela Guerra, la madrina de bautismo de la pequeña, con quien su mamá Ruth Salazar la dejó al cuidado, deberá responder por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento. Este úlitmo cargo se le endilga por ser la cuidadora de la pequeña, pues aún no se ha establecido quién fue el agresor sexual. Para determinarlo, Medicina Legal está trabajando a través de un nuevo método científico, que permite identificar ADN en donde no es fácilmente perceptible.
Por su parte, Edilberto Rojas Torres, padrino de la menor, será imputado por tortura.
La madrina de Sara fue quien la llevó al hospital donde los médicos, además de la herida en su cabeza, encontraron signos de maltrato físico y desnutrición. Cuando a la mujer se le preguntó por lo sucedido ella insistió que «se cayó de la cama y por eso las heridas» en el cuerpo de la niña.
Sin embargo, según la Fiscalía, tanto Guerra como Rojas «habrían ejercido actos de violencia física y sexual» contra Sarita. La necropsia realizada por Medicina Legal determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo y un trauma contundente y biodinámico (zarandeo). Por tanto, «más allá de un eventual accidente, la niña presentaba signos de maltrato reiterado que habrían afectado su cerebro», explicó la vicefiscal María Paulina Riveros.
La investigación del crimen avanza y la Fiscalía intenta establecer si hay más responsables, aseguró Luis González León, director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana.
Los hijos de la pareja, que vivían en la misma finca con Sarita, están bajo protección del Bienestar Familiar y han sido valorados por Medicina Legal para establecer si, como la pequeña, fueron víctimas de abusos.