Una mujer que se desempeñaba como presidenta de Junta de Acción Comunal y quien se salvó milagrosamente de un atentado en su contra, fue declarada víctima de desplazamiento y abandono forzado de su predio de 200 metros cuadrados, ubicado en La Cristalina, zona rural de Puerto Gaitán, Meta.
En Consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensarla con una nueva vivienda a cambio de la que perdió por presión de las autodefensas.
En el año 2010, la lideresa comunal adquirió el terreno que constaba de una construcción en madera con sala, habitaciones y baño, en la cual residía junto con su hija menor. En esa época, la mujer laboraba en servicios generales para una compañía petrolera del sector. Luego, en 2012, cuando asumió la presidencia de la Junta, comenzó a recibir mensajes de texto en los que la conminaban a renunciar a ese cargo y a abandonar la zona. Además, en plena reunión con la comunidad un hombre intentó asesinarla, por lo que la Policía debió trasladarla hacia otro municipio para salvaguardar su vida.
En 2016, cuando la dirigente comunal regresó a su predio, fue abordada por paramilitares al mando de alias “Cuchillo”, que le exigieron que debía trabajar para ese grupo; pero ante su negativa, la obligaron a desplazarse nuevamente
Con el paso del tiempo, la mujer acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fuera declarada víctima de desplazamiento y abandono forzado de su predio y, a la vez, que se ordenara la compensación.
En este caso, la familia beneficiada con la sentencia, aunque es titular del derecho fundamental a la restitución, no está interesada en retornar por considerar que sus
vidas continúan en riesgo. Por lo tanto, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al abandonado.
En el fallo, además, se ordenan otros beneficios como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo, inclusión en programas y proyectos de equidad de género, así como acompañamiento de las entidades del Estado.
