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El uso de la marihuana o cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas y es un riesgo para la salud, advierte un nuevo estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), divulgado este martes.
La mala regulación del cannabis de uso medicinal puede aumentar su uso recreativo, resalta el documento citando un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Destaca, además, que existen metodologías y marcos jurídicos muy claros para los países que han legalizado la marihuana con fines medicinales–uno de ellos es Colombia– que no siempre se están respetando, y ese control deficiente de los programas puede llevar al aumento del consumo de la marihuana con fines no médicos entre los adultos y debilita la percepción pública de los riesgos de su uso, reduciendo la preocupación de la población sobre su legalización con fines recreativos.
En el informe anual, la JIFE analiza la legalización recreativa del cannabis en varios estados de Estados Unidos y en Canadá y concluye que una regulación insuficiente de su uso con fines médicos, ha permitido que la droga se utilice para otros fines.
“La legalización del cannabis con fines recreativos representa no solamente una dificultad u obstáculo para la aplicación universal de los tratados sino también un problema muy importante para la salud y el bienestar, en particular para los jóvenes”, aseguró Luis Otarola Peñaranda, miembro de la Junta en Perú, durante una entrevista con Noticias ONU.
“La legalización del cannabis con fines recreativos representa no solamente una dificultad u obstáculo para la aplicación universal de los tratados sino también un problema muy importante para la salud y el bienestar, en particular para los jóvenes.
Otarola explicó que el informe describe una serie de consecuencias del consumo de la marihuana sustentadas en datos de la Organización Mundial de la Salud.
“La intoxicación, los trastornos de conciencia, los trastornos de percepción, los ataques de pánico, las alucinaciones, la reducción de la capacidad para conducir y el aumento del riesgo de lesiones por accidentes de tránsito se han multiplicado por dos, por ejemplo, en el estado de California, en Estados Unidos. Entonces hay efectos adversos a corto plazo, y hay efectos psicosociales a largo plazo del consumo habitual de cannabis”, expresó.
Según la Junta, entre los efectos psicosociales a largo plazo del consumo habitual del cannabis, se encuentra, entre otras cosas, la dependencia. El riesgo es de 1 de cada 10 entre los que lo han consumido alguna vez, 1 de cada 6 en consumidores adolescentes y 1 de cada 3 en consumidores diarios, con resultados más graves y persistentes entre los adolescentes que entre los adultos.
También existe una relación entre el consumo de esa sustancia y el riesgo de padecer síntomas psicóticos o esquizofrenia, un mayor riesgo de abandono escolar temprano, trastornos cognitivos, uso ilícito de otras drogas, síntomas depresivos y pensamientos y comportamiento suicidas (cuando el cannabis se consume a diario en la adolescencia y la adultez temprana).
Otros riesgos fisiológicos a más largo plazo del consumo habitual del cannabis pueden incluir bronquitis crónica e infartos al miocardio.
El informe destaca además que el consumo de cannabis que se inicia durante la adolescencia puede dañar el desarrollo cerebral en un momento de gran vulnerabilidad.
“Esta información la hemos preparado con todo el respaldo de la academia y de algunos informes de la Organización Mundial de la Salud. Así que creo que es un informe pionero porque en la JIFE por primera vez le estamos “poniendo el cascabel al gato” y estamos abriendo o cerrando y zanjando, si se quiere, un debate de punto de vista jurídico sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer”, apuntó Otarola.
Los países no están cumpliendo
El informe además destaca que existen metodologías y marcos jurídicos muy claros para los países que han legalizado el cannabis con fines medicinales que no siempre se están respetando, y ese control deficiente de los programas puede llevar al aumento del consumo de la marihuana con fines no médicos entre los adultos y debilita la percepción pública de los riesgos de su uso, reduciendo la preocupación de la población sobre su legalización con fines recreativos.
“La primera condición es que exista un organismo nacional que controle la producción y el suministro. En segundo lugar, las convenciones establecen que sea el Estado el que expida las licencias de producción. Estamos hablando del cannabis medicinal y de fines científicos. El Estado tiene que tomar posesión de la materia, es decir de toda la producción. El Estado tendrá que tener derecho exclusivo del comercio al por mayor, es decir, que tiene que establecer una suerte de monopolio de compra para evitar la desviación y, finalmente, los Estados tienen que presentar a la JIFE sus informes y las previsiones de cantidades y el número de pacientes que deben ser atendidos por el uso medicinal del cannabis”.
De acuerdo con la JIFE, el consumo de cannabis ha aumentado entre los adultos mayores de 21 años en los Estados que han aprobado leyes que permiten su uso con fines médicos, y existen tasas más altas de consumo diario y de uso indebido y dependencia. Además, el número de hombres adultos que solicitan tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de cannabis ha aumentado más en estos países.
El informe recomienda a los gobiernos que adopten medidas para impedir el cultivo no autorizado de plantas de cannabis y que incauten los cultivos ilícitos y los destruyan. También recomienda que todos los programas de consumo de cannabis con fines médicos se elaboren y apliquen bajo la plena autoridad del Estado, que debe velar porque sea recetado por profesionales médicos competentes de conformidad con la buena práctica médica y sobre la base de pruebas científicas sólidas.
¿Tabaco, alcohol, cannabis?
Según la JIFE, en diversas regiones del mundo se usa una gran variedad de preparados que contienen cannabinoides a fin de ofrecer diferentes formas farmacéuticas y concentraciones de ingredientes activos y psicoactivos con diversas vías de administración. Se usan con la convicción de que aliviarán una amplia variedad de síntomas, a menudo sin pruebas fidedignas de que sean seguros o eficaces.
En 2013, Uruguay legalizó el uso del cannabis con fines no médicos, permitió su venta en farmacias y autorizó el establecimiento de clubes de cultivadores y la producción en el hogar por los consumidores. En 2018, Canadá legalizó la producción comercial y la venta con fines no médicos por adultos; la política se puso en práctica el 17 de octubre del mismo año.
Para la Junta, la experiencia adquirida con el consumo de alcohol y tabaco parece indicar que la legalización reducirá los riesgos percibidos y la reprobación social de consumirlo, y aumentará la desviación de la marihuana a personas que no han alcanzado la edad mínima para comprarla y usarla.
Según Otarola, es claro que el panorama sobre la cuestión del cannabis ha cambiado a través de los años, por lo que se han modificado poco a poco las convenciones.
“Se ha iniciado un procedimiento interno que por ahora es reservado en la JIFE. Pero se mantiene así un diálogo constante y permanente con los Estados a través de sus representantes”, explicó.
El informe recomienda a los Gobiernos que permiten el uso medicinal de cannabinoides que evalúen los efectos de los programas. Esa vigilancia debería incluir la reunión de datos sobre el número y las afecciones médicas de pacientes que los usan, evaluaciones de sus beneficios realizadas por los pacientes y por los médicos, y tasas de episodios adversos. Además, los Gobiernos deberían vigilar también el alcance de la desviación de esos productos hacia usos no médicos y, en particular, la desviación para el consumo por parte de menores.
La crisis de los opioides en Estados Unidos versus la falta de medicamentos
El informe de la JIFE este año también resalta la preocupante falta de disponibilidad de analgésicos y otros medicamentos importantes, y exhorta a los Gobiernos a que hagan más esfuerzos para poner fin al sufrimiento innecesario de las personas que no tienen acceso a ellos.
¨El 80% de la morfina que se produce en el mundo va al 14% de los enfermos que están ubicados generalmente en los países con mayores ingresos”, apunta Otarola, añadiendo que se trata de un tema de salud pública internacional.
“En los países de bajos ingresos existe una menor posibilidad de acceder a los analgésicos y a las sustancias controladas debido a los precios, al encarecimiento de las medicinas por parte de las empresas farmacológicas y también, ¿cómo no decirlo? por la falta de control del Gobierno nacional”, agrega.
El problema tiene varias aristas ya que mientras en algunas partes del mundo, como señala Otarola. hay personas que sufren dolor innecesariamente o son sometidas a procedimientos quirúrgicos sin anestesia porque no hay el debido acceso a medicamentos fiscalizados, en otros lugares, el acceso sin control está dando lugar a la desviación y el uso indebido.
“Se ha perdido un 02,21% de esperanza de vida en toda la población de Estados Unidos entre el 2000 y el 2015. La esperanza de vida por el uso excesivo de los opioides la esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyó de 78,7 en 2015 a 78,6 en 2016, con una incidencia muy preocupante de muertes en los jóvenes y en poblaciones poco atendidas por el Estado”, cuenta el abogado, señalando que es una clara prueba del fenómeno que existe en los países del altos ingresos donde existe mucha oferta y poco control.
En los países de medianos y bajos ingresos donde no existen suficiente médicos, la JIFE recomienda que se autorice a una gama más amplia de profesionales de la salud, por ejemplo personal de enfermería especialmente capacitado, para que prescriban sustancias sujetas a fiscalización.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas. La Junta se estableció en el año 1968 mediante la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de fiscalización de drogas datan de la época de la Sociedad de las Naciones.
