Los nuevos anuncios incluyen la vinculación al proceso a Gina Parody y Cecilia Álvarez, y un contrato de un millón de dólares entre la empresa brasilera, una sociedad panameña y la agencia Sancho que tendría que ver con la reelección de Santos.
El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, hizo una serie de anuncios que pondrán a temblar la política y el sector de infraestructura del país. En una rueda de prensa reveló los avances en el paquete de 11 líneas de investigación que se adelantan alrededor del pago de sobornos de Odebrecht en Colombia.
En lo relacionado a las investigaciones por la presunta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales del 2014, el ente investigador aseguró que a través de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, se pudieron establecer diversas modalidades en las que la firma constructora asumió pagos que se hicieron a través del Departamento de Operaciones Estructuradas.
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Según la evidencia recaudada, Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoca en febrero del año 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, Director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.
«Odebrecht pagó al publicista Duda Mendoca USD $1,6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña “Mano Firme, Corazón Grande” del candidato Zuluaga. Dicho pago se llevó a cabo por la firma brasilera, según la acreditaciones obrantes, en dos instalamentos, a favor de la empresa offshore Topsail Holding», dice Martínez.
Indicó además que se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por la suma de USD $ 1 millón, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. «Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del Presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los USD $100 millones de dólares, por circunstancias que los funcionarios brasileros estimaban no eran imputables a su compañía», indicó Martínez.
La Fiscalía asegura que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1º. de junio.
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Ruta del Sol tramo 2
Frente a las obras para la construcción de la Ruta del Sol tramo 2, a través del cual se pagaron 6,5 millones de dólares al ex viceministro Gabriel García, quien lleva 6 diligencias de interrogatorio y está en negociación con la Fiscalía, el ente investigador anunció la compulsa de copias al exsenador Plinio Olano, por su presunta participación en estos hechos.
El ente investigador también anunció la vinculación al caso de Miguel Peñaloza y Mateo Retrepo, ambos consejeros presidenciales para la época de los acontecimientos. Al igual que serán llamados a rendir interrogatorio ante un Fiscal Delegado ante la Corte, los señores Daniel García Arizabaleta y Eduardo Zambrano.
Con relación al destino de los recursos producto del soborno y por el conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol tramo 2, se llamarán a diligencias a Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y su esposo Otto Rodríguez. En este caso ya rindió entrevista Juan Manuel Barraza.
Como vinculados al caso aparecen el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, Juan Ricardo Noero, exviceministro de Trasporte y presidente de la sociedad Pacific Infraestructure INC. En cuanto a Luis Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mamery, Luis Eduardo Da Rocha Soarez y Yesid Augusto Arocha, funcionarios de Odebrecht que brindaron información, están postulados por la fiscal de conocimiento para tramitar un principio de oportunidad.
A las 2:30 de la tarde de este lunes, en los juzgados de Paloquemao, se imputarán cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a los hermanos Enrique Jose Ghisays Manzur y Eduardo Assad Ghisays Manzur, quienes para la época de los hechos eran los únicos accionistas de la sociedad panameña Lurion Trading INC, empresa a la que Odebrecht giró el soborno de los USD $ 6,5 millones de dólares. En este sentido, afirma Martínez, la Dirección Nacional Especializada de Extinción de Dominio ha iniciado un proceso para la recuperación de bienes obtenidos con los dineros del soborno.
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Acusarán a Bula
Por los sobornos en la adjudicación del otrosí de esta vía Ocaña-Gamarra, realizado en marzo del 2014, está en la cárcel el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, a quien el ente investigador anunció que acusará ante un juez de la República.
La Fiscalía sostiene que Bula fue beneficiario de pagos por USD$ 4,6 millones de dólares, según la información provista por funcionarios de Odebrecht. Y pese a que se había anunciado que se adelantaban acercamientos de una eventual negociación, aún no se ha concretado.
Bula desmintió la versión de los directivos sobre la firma del contrato en el que participó como “facilitador” para que la adjudicación de esta obra saliera en favor de Odebrecht. Dijo –en cambio- que esta versión fue la usada por los directivos de la firma para justificar pagos que no tenían soporte en Brasil, y que el dinero que ayudó a legalizar en Colombia –dice Bula- fue solo de 1 millón de dólares que le entregó al Andrés Giraldo.
El ente investigador tiene identificado que esta suma habría sido direccionada por el exsenador a 7 empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.
Tiene también evidencias sobre la monetización de parte de estos recursos y se encuentra a la espera de cooperación judicial internacional para vincular a la investigación a los restantes beneficiarios de estos pagos.
Por este caso ya fue vinculado a la investigación el empresario Andrés Giraldo, señalado por Bula de haber recibido US$ 1 millón de dólares y quien ya fue escuchado por la Fiscalía.
En esta investigación fueron vinculados Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI y funcionario de dicha entidad, así como se compulsó copias ante la Corte Suprema para que investigue al senador Bernardo Elías Vidal.
También anunció la Fiscalía que abrió indagación preliminar contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por la denuncia realizada por el Centro Democrático por su eventual interés en la celebración del otrosí, en diligencias que están a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Cuando estas diligencias culminen, se llamará a interrogatorio al quien fue el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos Roberto Prieto.
Otro lío para Navelena
La polémica adjudicación de 2,5 billones de pesos para recuperar la navegabilidad del río Magdalena terminaría en dos días, cuando la Agencia Nacional de Infraestructura celebre la audiencia de caducidad del contrato por la falta de cierre financiero.
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Frente a esta investigación, la Fiscalía había anunciado que avanzaba en dos líneas: la de determinar responsabilidades por la entrega de un crédito por 120 millones de pesos de parte del Banco Agrario a Odebrecht. Y la que realizan con ayuda de la Fiscalía de Ecuador con el fin de determinar si existió un acuerdo con la empresa Acciona, para que ambas empresas ganaran con el contrato de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, en Colombia, y la construcción del metro de Quito, en Ecuador.
“En desarrollo de cooperación judicial suministrada a la Fiscalía de Ecuador, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio servirán como peritos forenses respecto de información proveniente de Ecuador que reposa en computadores incautados y que darían cuenta de hechos que conciernen a esta investigación”, indicó Martínez.
Sin embargo, allí no paran las indagaciones de la Fiscalía. Se indaga además si en la adjudicación del contrato y en la concepción de un otrosí relacionado con la esclusa del Canal del Dique también existieron irregularidades. Y para ello se citó a declarar al actual director del Fondo de Adaptación Iván Mustafá, quien además fue director para las regiones de la Presidencia así como Viceministro de Aguas de este gobierno.
