Una semana después de que se registrara el doloroso episodio de la menor embera chamí violada en Risaralda por siete soldados, el país conoce de otro lamentable y similar caso que se presentó en septiembre pasado, en Guaviare, contra una niña nukak makú, que habría sido víctima de acceso carnal y por este hecho son investigados ocho uniformados.
En enero de este año, dijo este lunes el defensor del pueblo, Carlos Negret, «recibimos de la Brigada 22, que tiene jurisdicción en San José del Guaviare, la información de que habían aperturado una investigación disciplinaria contra un sargento, un cabo y seis soldados, y aspiramos que cinco meses después el Ejército a través de su oficina de control interno disciplinario nos tenga alguna información para saber qué fue lo que pasó en septiembre del año pasado».
Por su parte, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División del Ejército, aseguró que «el Batallón de Infantería N.19 General Joaquín París, tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició la indagación disciplinaria», que, afirmó, «fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año».
En cuanto a la investigación penal, agrega el ente castrense, los hechos son conocidos por la Fiscalía 2 Local de San José del Guaviare.
La menor víctima, entre tanto, quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, según indicó ese organismo en un comunicado emitido este lunes.
«Desde el 20 de septiembre de 2019, cuando se conoció sobre el retorno a la comunidad de una adolescente, luego de permanecer varios días desaparecida, un equipo interdisciplinario del ICBF realizó la verificación de derechos y la autoridad administrativa abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en su favor con ubicación en medio familiar».
Al tiempo que el ente rector de las políticas de infancia interpuso la denuncia ante la Fiscalía, la adolescente «siguió recibiendo acompañamiento de los profesionales del ICBF y se tramitó ante el sector salud la atención integral para víctimas de violencia sexual».
Finalmente, explicó el instituto que debido a que en el lugar donde residía no contaba con las garantías necesarias para permanecer, la Defensoría de Familia «determinó ubicarla en hogar sustituto, donde sigue recibiendo atención psicosocial».
Desde octubre pasado, reportó el defensor del pueblo, el ente del Ministerio Público visitó los resguardos de La Esperanza, Caño Makú, Puerto Flores y Guanapalo con funcionarios de la regional Guaviare en compañía de Naciones Unidas «y con base en eso hicimos un informe que se lo trasladamos en noviembre a la Fiscalía General, al Icbf, a la Policía y al Ejército, y desde ese día estamos representando a la menor de edad como víctima y realmente es un tema que nunca debió ocurrir».
E informó que el pasado 16 de marzo la entidad le tomó la declaración a la menor víctima.
El Ejército lamentó lo sucedido en el comunicado y anunció «acciones» por el caso: «Este comando repudia y rechaza este tipo de hechos que trasgreden los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley».
A su vez, el defensor del pueblo hizo un llamado «a la sociedad colombiana y a las Fuerzas Militares. Lo que siento como defensor es que hay un menosprecio por la humanidad indígena, esto no puede ocurrir, esto no es un hecho aislado».
Y agregó que la semana pasada, cuando se conoció de la violación por parte de siete soldados de la menor indígena en Risaralda, «en un informe de prensa le preguntábamos al Ejército qué estaba pasando dentro del Ejército: algo está fallando, y el llamado es que trabajemos todos juntos como Estado para que esto no vuelva a ocurrir, porque hay una clara violación de los derechos humanos».
Fuente, El Heraldo
