Frente a las graves evidencias de actos criminales perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, que contradicen su participación en el proceso de paz, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ha decidido revocar los beneficios de suspensión de órdenes de captura para 31 miembros del ELN. Estos individuos habían sido reconocidos como voceros por el Gobierno Nacional en el proceso de diálogos de paz en 2022 y 2023.
El conflicto en el Catatumbo, que comenzó el 16 de enero de 2025, ha generado una tragedia humanitaria con múltiples delitos y pone en grave riesgo la vida de la población civil, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias. El ELN, a través de uno de sus máximos líderes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, asumió públicamente la responsabilidad de los hechos a través de la red social “X”. Esta postura fue confirmada por Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, en tres comunicaciones emitidas entre el 17 y el 19 de enero.
La fiscalía explica que el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y la comisión de nuevos delitos por parte de los miembros del ELN justifican la reactivación de dichas órdenes. Esta decisión se toma conforme a la Corte Constitucional, en su sentencia C-525 del 29 de noviembre de 2023.
A partir de hoy, entran en vigor las órdenes de captura contra los siguientes miembros del ELN: Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.
La resolución, que también deroga las resoluciones emitidas previamente por la Fiscalía en 2022 y 2023, fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para su ejecución.
