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No hay paso hacia el norte por bloqueos y derrumbes en el Ariporo

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Este sábado permanece cerrada la vía a Hato Corozal por dos razones.

HATO COROZAL / CAPIBARA MUNDO NOTICIAS

La primera por una protesta de la comunidad del municipio de Hato Corozal y otros usuarios, la vía a la altura del cruce de la vereda Santa Rita y , la otra, por el alto nivel de las aguas del Río Ariporo, lo que no permite el tránsito de ninguna clase de vehículos.

La comunidad protesta por el cobro de peajes y la demora en reparar el puente

La comunidad protesta por el cobro de peajes y la demora en reparar el puente

La Policía de Carreteras, según informan trasportadores, no ha permitido que vehículos ingresen al lecho del rio.

La gente pasa a pie por el puente del Ariporo

La gente pasa a pie por el puente del Ariporo

En ambos trancones se permite el trasbordo. En el rio se pasa de a pie o con moto empujada sobre el puente averiado. Y en el bloqueo social hay que caminar unos 300 metros.

En este último caso se ha dicho que es de carácter indefinido y abren de forma intermitente cada tres horas: permanentemente pueden pasar ambulancias.

La comunidad reclama medidas urgentes como Plan B ante la emergencia vial que desde enero del presente año se registró por el colapso del puente sobre el Río Ariporo.

Hasta el momento no han hecho presencia ni el alcalde ni el personero de Hato Corozal.

Los puentes provisionales sobre el lecho del río se los llevó la lluvia

Los puentes provisionales sobre el lecho del río se los llevó la lluvia

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Boyaca

Boyacá supera los siete mil casos de COVID-19 y llega a 145 personas fallecidas

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La Secretaría de Salud Departamental confirma ciento treinta y seis nuevos casos de COVID-19 en Boyacá, de los cuales cuarenta son de Tunja, treinta y seis de Duitama, veinticinco de Sogamoso, veinte de Puerto Boyacá, seis de Tasco, dos de Nobsa, y un caso respectivamente en los municipios de Chiquinquirá, Corrales, Iza, Mongüí, Paz de Río, Socotá y Villa de Leyva. Así mismo se reportan siete defunciones en los municipios de. Chita, Duitama, Santana, Sogamoso (2) y Tunja (2).

Pacientes que fallecen asociados a COVID-19:

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud realizaron la verificación de las defunciones ingresadas en el Registro Único de Afiliados módulo Defunciones, RUAF, y al correlacionar con su historia clínica y resultados de laboratorio se identifican los siguientes decesos asociados a COVID-19, así:

De Chita:
• Mujer de 87 años de edad, con antecedentes de Hipertensión, Diabetes y EPOC. Fallece el 25 de septiembre.

De Duitama:
• Hombre de 65 años de edad, con antecedentes de Hipertensión. Fallece el 26 de septiembre

De Santana:
• Hombre de 91 años de edad, con Neumonía. Fallece el 16 de septiembre.

De Sogamoso:
• Hombre de 66 años de edad, quien presentaba Neumonía. Fallece el 31 de agosto.
• Hombre de 52 años de edad, con antecedentes de Diabetes. Fallece el 26 de septiembre

De Tunja:
• Hombre de 46 años de edad con antecedentes de Diabetes. Fallece el 26 de septiembre.
• Hombre de 73 años de edad, quien presentaba Hipertensión. Fallece el 24 de septiembre.

Aclaración:

De acuerdo con los resultados de las investigaciones epidemiológicas de campo se hacen traslados internos entre municipios del departamento, por lo tanto, el número casos puede presentar variaciones.

Total de casos en Boyacá:7.015

Pacientes recuperados: 5.568

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Chivas del Dia

Cámara de Representantes radica moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo

El Senado fue el primero en radicar una moción de censura por la inconformidad con la gestión del actual ministro de Defensa.

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Este sábado se conoció que el otro órgano legislador también hizo el radicado. Después del Senado, La Cámara de Representantes ahora radica moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo.

Después de conocerse que en el Senado se radicara una moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo en el Senado, este sábado también será aplicado en la Cámara de Representantes.

Los órganos legisladores no están conformes con la gestión que ha ejecutado el ministro de Defensa y exigirían sacarlo del cargo.

Según el portal Minuto30, el documento que está en la Secretaría de la Cámara, está firmado por los representantes de la oposición o independientes.

Entre los firmantes están partidos como el Polo Democrático, el partido de la U, el partido Liberal y el partido Alianza Verde.

De acuerdo con el mismo medio, los congresistas habrían asegurado estar indignados por los hechos más recientes en el país: las masacres y los homicidios de la fuerza pública contra los ciudadanos.

La primera moción

El senador del Polo Democrático rechazó que el MinDefensa se negara a pedir perdón a las víctimas de abusos policiales, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Aseguró mediante un trino que esta negativa es una violación descarada de las leyes, e insinuó que es una decisión apoyada por el presidente Iván Duque.

Fuente, Publimetro – Portal Minuto30

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Contraloría Departamental de Casanare está auditando 184 contratos relacionados con COVID-19

Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la República, solicitó el estudio de 12 contratos

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Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, a través de 3 grupos conformados por auditores dentro de los cuales están revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.

Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones

Grupo 1:  le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.

Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal, Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el orden de 5.175 millones de pesos.

Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía, Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey,  Tauramena, Paz de Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos suman 3.170 millones de pesos.

Contratos solicitados por Contraloría General de la República

Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5 de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135 millones de pesos.

De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.

De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de control en el departamento, la Contraloría General de la República, realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530 millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por ciento del monto con el que arrancó en este proceso.

Logros

Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes territoriales empezaran a elaborar  estudios previos y de mercados  más organizados; se contrató con precios más bajos;  algunos entes territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes  modalidades de  la contratación contenidas en ley 80 de 1993, lo que generó procesos más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia  a través del ejercicio de selección objetiva de los contratistas.

La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos, verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos públicos en estos contratos.

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