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Chivas del Dia

Meta: tras 30 años de desplazamiento mujer recibirá compensación por sus predios abandonados

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Una profesional del derecho que fue intimidada por grupos paramilitares que asediaron a la población de Puerto López, Meta, y que por cuenta de la violencia debió abandonar sus predios, será compensada por la Unidad de Restitución de Tierras, según lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, al reconocer la condición de víctima de abandono forzado de sus tres predios ubicados en el casco urbano del municipio.

En 1987, la abogada adquirió los lotes que suman 6.145 metros cuadrados y residía en uno de estos inmuebles junto a su familia. La calma en esa población se vio alterada por la presencia de grupos paramilitares que impusieron una especie de toque de queda, porque después de las 7 de la noche nadie podía transitar por las calles de puerto López so pena de ser sacado en camionetas y luego desaparecido por ese grupo ilegal.

A esta situación se sumó el hecho de que la mujer en ejercicio de su profesión denunció que tuvo rencillas con un hermano del reconocido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, lo cual desencadenó en que constantemente era perseguida e intimidada, e incluso en una ocasión el propietario de un restaurante le dijo que debía abandonar el municipio porque su vida corría peligro, razones por las cuales, a mediados de 1992, la mujer no tuvo más remedio que huir hacia otra ciudad

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la entidad llevó este caso ante la justicia, que ordenó la restitución mediante la compensación por equivalencia, es decir, que se le comprará otro predio de similares características a los que abandonó.

Entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que los actuales ocupantes de los predios demostraron la buena fe exenta de culpa, y, por lo tanto, seguirán residiendo en esos predios.

Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elija, la abogada y su familia, tienen derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral.

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