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Los reparos a la candidata liberal a la Gobernación, Lilian Fernanda Salcedo

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Casanare y la sombra del pasado. Así titula El Espectador la nota que publicó refiriéndose a las candidaturas para la Gobernación de Casanare.

En Casanare tampoco fue posible tener un candidato único a la Gobernación a nombre de la Unidad Nacional. Fue lo que en un momento propuso Lilian Fernanda Salcedo, la carta del Partido Liberal, pero que no se pudo concretar, por lo que ahora tendrá como rivales para los comicios del 25 de octubre a Alirio Guzmán, del Partido de la U y Julio Ramos, de Cambio Radical. En la baraja también aparecen Alirio Barrera, candidato del Centro Democrático; Humberto López, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI) y Joel Olmos, de las Autoridades Indígenas (Aico).

Seis aspirantes a dirigir los destinos de un departamento que ha sido escenario del conflicto, donde se han destituido gobernantes por corrupción y una parte de la dirigencia política estuvo involucrada en el escándalo de la parapolítica, por los comprobados nexos de alcaldes e incluso gobernadores con alias Martín Llanos, uno de los jefes de las autodefensas en la región. Una sombra que sigue latente y que hace que desde algunos sectores se comience a echar agua sucia y a hacer correr rumores, buscando afectar y favorecer campañas.

En concreto, las miradas están puestas sobre Lilian Fernanda Salcedo, la candidata del liberalismo. Exalcaldesa de Yopal, estuvo sancionada por la Procuraduría con 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, a raíz de una sanción fiscal que le impuso la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato que firmó con el Centro Radiológico y Emdisalud. Asimismo, en el Ministerio Público tiene en curso una investigación por la crisis del agua en la capital casanareña, hecho por el cual se anunció también un proceso en la Fiscalía. Y también se habla de por lo menos cinco procesos más en su contra en los órganos de control.

Pero lo más delicado tiene que ver con la declaración que diera William Mayorga Suárez, el coordinador político de Martin Llanos, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente del exrepresentante Óscar Leonidas Wilches, por parapolítica. En este, narró cómo en Casanare, entre los años 2000 y 2007, se implementó el “pacto de Melúa”, por medio del cual la clase política cogobernó con los paramilitares, a través de contratistas, pagos, avales a candidatos y participación en el gabinete departamental de turno.

En su declaración, Mayorga dijo que “en la finca de Julio Salcedo o Julio Motos, padre de Lilian Fernanda Salcedo, se reunían ‘paras’ de Martín Llanos, cuando ella era secretaria de Agricultura del gobernador William Pérez”. Aseguró también que “toda la clase política de Casanare le tocaba ir allá, a hablar con Martín” , y que cada quien llevaba su plan de gobierno y “tenían que comprometerse con la organización, como era firmar un documento para que se comprometieran, gobernadores y alcaldes, con el porcentaje y el nombramiento del personal de enlace y pedía tantas secretarías y que la información de los contratos debería llegar directamente donde Martin”.

Una de esas secretarías cuyos contratos habrían estado a la orden del jefe paramilitar habría sido la de Agricultura, en cabeza de Salcedo. Como se sabe, el exgobernador William Pérez fue detenido en 2009 dentro del proceso de la parapolítica y acusado de recibir de las Autodefensas Unidas del Casanare $3.000 millones de pesos para costear su campaña electoral. En agosto del año pasado también resultó condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema, que lo encontró culpable de los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. Él ha aceptado su responsabilidad en estos delitos, pero se ha declarado inocente de concierto para delinquir agravado.

Durante varios días, El Espectador intentó comunicarse con Lilian Fernanda Salcedo para conocer sus reacciones frente a los señalamientos que se le hacen, pero fue imposible. Uno de sus asesores de campaña manifestó que no consideraban adecuado contestar vía telefónica ese tipo de acusaciones. En declaraciones a medios regionales, la candidata ha negado estar inhabilitada, lo cual es cierto, pues ni en los reportes de la Procuraduría ni en el de la Contraloría existen sanciones en su contra. El meollo del asunto es que por ser una sanción fiscal, pagó una multa de $48 millones y la sanción fue levantada. El caso está demandado y se espera decisión judicial. “Me tienen que devolver la plata”, señaló.

Asimismo, Salcedo ha dicho que como cualquier exfuncionaria pública, tiene procesos en contra, pero que ninguno de ellos está relacionado con grupos al margen de la ley, ni procesos que hubieran tenido que ver con prácticas perversas en desmedro del municipio, sino que “son procesos administrativos que se han venido aclarando”. Lo cierto es que en Yopal y en el departamento muchos la siguen viendo como cuota de William Pérez, de quien se dice mantiene intacto su poder político en la región.

Sobre la crisis de agua potable que desde hace años atormenta a Yopal y por lo cual le endilgan parte de responsabilidad, la aspirante liberal ha declarado  en su defensa que el problema radicó en haber cambiado la ruta de gestión que traía su administración: “Estuvimos los últimos seis meses, asumimos y actuamos en la emergencia, en este periodo habilitamos la red en menos de 15 días, elaboramos el proyecto de prefactibilidad para la planta definitiva que se presentó al Gobierno Nacional, siendo aprobado por $53.000 millones, y en donde el municipio solo debía aportar $7.000 millones, pero lastimosamente, el Concejo lo negó en dos ocasiones y se terminó sin la posibilidad de habilitar el proyecto”.

Por ahora, los casanareños siguen esperando la solución a los problemas que los aquejan, por ejemplo —además de la falta de agua potable— la necesaria reparación y construcción de las vías, la adecuación de hospitales que de verdad presten atención de primer nivel, la derrota de la pobreza y el desorden y, en fin, el control y manejo racional de los dineros públicos. Y sobre todo esperan que los fantasmas del conflicto, la parapolítica y la corrupción se queden en el pasado y no retornen en la campaña electoral de este 2015.

Periodista, Director de www.laschivasdelllano.com y www.laschivasdecolombia.com

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Chivas del Dia

Disidencias de las Farc usaron indígenas para explotar coltán en Guainía

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En un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana fueron recopilados elementos de prueba suficientes para establecer el presunto origen ilegal de cerca cinco toneladas de coltán y más de una tonelada de estaño, que eran trasportadas subrepticiamente por el río Guaviare, en el punto conocido como Maviso, en Guainía.

En la diligencia realizada en abril del año en curso, fueron encontrados el mineral y el metal ocultos en 247 lonas, por lo que el motorista fue capturado y judicializado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Las labores investigativas dan cuenta de que las seis toneladas de coltán y estaño habrían sido extraídas de manera ilegal en zonas de especial importancia ecológica.

En las verificaciones se constató que la actividad de extracción no contaba con las licencias ni permisos de ley, y generaba un grave daño ambiental. Adicionalmente, hay indicios de que la minería ilegal, supuestamente, era auspiciada por integrantes de la estructura disidente de las Farc, conocida como frente Acacio Medina, cuyo cabecilla es alias Jhon 40.

Al parecer, instrumentalizaban a comunidades indígenas de la región para obtener y transportar diversas cantidades de coltán y estaño.

Ante la evidencia recaudada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro al material hallado, avaluado preliminarmente en 8.500 millones de pesos.

El producto quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Peritos especializados señalan que un kilo de coltán costaría en Colombia cerca de 500 o 600 euros; sin embargo, ese valor podría aumentar 10 veces en Europa.

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Arauca

Cohete utilizado en aviones de combate de la Aviación Militar Bolivariana fue hallado en Arauca

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En operaciones militares de registro y control territorial, tropas del Ejército Nacional hallaron en la vereda Peralonso, del municipio de Arauquita, Arauca, una munición sin explosionar que al parecer pertenecería a la Aviación Militar Bolivariana.

En el lugar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N°. 1 encontraron un cohete Skyfire -70 M9 con cabeza AVC-70 HE-M1. Estas son armas convencionales y su comercialización solo está autorizada por los tratados internacionales para que los fabricantes vendan de manera directa y exclusiva a los países del mundo, especialmente a sus Fuerzas Militares.

La zona en la que fue encontrada esta munición está ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, donde se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miembros disidentes de las extintas Farc el pasado 19 y 21 de marzo.

Una vez encontrado el cohete, el equipo de Demoliciones y Explosivos EXDE DELTA, acordonó la zona y realizó de forma controlada y con todos los protocolos de seguridad la destrucción de este elemento, sin ocasionar daños ambientales y sin poner en riesgo la seguridad de la población civil.

El Ejército Nacional hace un llamado a la comunidad a que denuncien a la línea gratuita nacional 147 cualquier elemento sospechoso que encuentren en sus lugares para poder reaccionar de forma efectiva.

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Chivas del Dia

Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación

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El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación.

Por tanto esta iglesia deberá pagar más de 25.000 millones de pesos como indemnización a las familias afectadas por la tragedia de Fundación.

Como se recordará este triste hecho el pasado 18 de mayo de 2014 en el municipio de Fundación, Magdalena.

Allí  33 niños y una adulta mayor murieron luego que la buseta de placas UVS-556, en la que se movilizaban explotara y se incinerara.

La millonaria condena a la Iglesia Pentecostal, según el fallo, deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos.

Esto con el fin de indemnizar a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes.

En ese sentido en la investigación se comprobó que la buseta incendiada había sido contratada por un miembro de esa iglesia.

Esto con el fin  de transportar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical.

Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación

No obstante, el vehículo no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica.

De igual forma tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora.

También los familiares de los niños exigían una condena para el Ministerio del Transporte, el municipio de Fundación, la Policía Nacional y el Distrito de Barranquilla, entidades que quedaron absueltas.

En ese sentido, la cuantiosa suma de dinero corresponde a 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes que tasó el Tribunal en la sentencia.

Cabe recordar que el voraz incendio se presentó porque el conductor, al no poder maniobrar la buseta con gas natural, comenzó a manipular la gasolina, y al darle arranque se produjo la explosión.

Para el Tribunal del Magdalena “la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos”.

Fuente, Publímetro

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