La firma de la reconocida analista política de La FM y columnista de El Tiempo, Natalia Springer, está en medio de la crítica nacional a raíz de multimillonarios contratos que asciendena más 5.000 millones de pesos para asesorar a la alcaldía de Valledupar y la Fiscalía General de la Nación, por redes sociales rechazan que la comunicadora se esté enriqueciendo con rubros de la nación al cobrar salarios tan altos.
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La firma de Springer fue contratada por la Alcaldía de Valledupar para adelantar una asesoría de tres meses para capacitar a cogestores de paz en la capital del cesar, el contrato de prestación de servicios por tres meses es por 1.400 millones de pesos.
El convenio entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S., fue suscrito para la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado a la alcaldía municipal para la formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar.
Además se conoció otro contrato, firmado el pasado 3 de julio, de la mencionada firma con la Fiscalía General por más de 3.085 millones de pesos para brindar asesoría y acompañamiento técnico al jefe del ente investigador para el procesamiento de los datos referentes a crímenes excepcionales.
Estos multimillonarios contratos levantaron una avalancha de críticas en contra, desde diversos sectores, que coinciden en mostrar su descontento.
Tanto así que Natalia Springer era una de las tendencias más populares de Twitter Colombia el sábado, cuando una cascada de trinos rechazaban que en un país que atraviesa un momento de austeridad se estén concediendo este tipo de multimillonarias contrataciones.
Cabe la pena resaltar que la comunicadora había estado en el ojo del huracán el año pasado cuando se destapó otro contrato con la Fiscalía General de la Nación por $895 millones. El contrato, firmado el 10 de septiembre de 2013 y vigente por ocho meses, indica que la firma de Springer asesoró al fiscal en “el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales / internacionales cometidos en el marco del conflicto”, construyendo bases de datos, procesamientos estadísticos y hasta análisis de algoritmos.
