Hace un año El Espectador publicó esta entrevista con el viceministro de Educación Básica Mauricio Perfetti. Desde entonces lo único que ha cambiado en Casanare es el Gobernador.

Casanare está atravesando la peor crisis de los últimos años en el sector educativo. Así lo reseñan a diario los medios locales, mientras recuerdan incansablemente que son 48 mil los estudiantes afectados por el paro en las escuelas y colegios públicos de los 19 municipios casanareños.

Ambas partes, Gobierno y representantes del sector educativo del departamento (profesores, padres de familia y estudiantes), se han sentado a dialogar en varias ocasiones desde el pasado 3 de abril. Están buscando una solución al problema financiero que aqueja a Casanare (debido a la aprobación de la ley que modifica la distribución de las regalías) y que se ha visto reflejado en la falta de recursos para costear el transporte, los comedores escolares y el personal administrativo.

A pesar de los intentos, el martes se suspendieron los diálogos, por decisión de la propia comunidad casanareña, ya que no está de acuerdo con las condiciones planteadas por el Ministerio de Educación. Según ellos, el Gobierno quiere utilizar dineros que le corresponden al departamento (producto de la explotación de hidrocarburos y del superávit de regalías) para llenar un vacío que le corresponde cubrir a la Nación y que, dicen, tendría que destinarse a la inversión social. ¿Cuál es la posición del Gobierno? El Espectador habló con el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Mauricio Perfetti, quien se encontraba en Yopal liderando la mesa de diálogos.

¿A qué se ha comprometido el Gobierno?

La ministra ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para garantizar los recursos que hacen falta. Se logró gestionar cerca de $30 mil millones para cubrir el servicio de alimentación escolar en las entidades territoriales beneficiarias de regalías directas (a Casanare le corresponden $2.888 millones y a Yopal $396 millones).

También se acordó con el Ministerio de Minas que se girarían los recursos de los excedentes de la comercialización de hidrocarburos (que son cerca de $109 mil millones para Casanare). Y adicionalmente se logró que $3.799 millones del Sistema General de Participación fueran girados para la contratación de los servicios administrativos.

¿Entonces por qué no se llegó a un acuerdo?

Ellos han planteado que Casanare y Yopal no tienen por qué invertir el dinero de hidrocarburos en estos componentes. Pero, ¿para qué más podrían ser esos recursos sino para un sector como el educativo? Si tienen recursos, ¿por qué no los pueden utilizar para eso? Llama mucho la atención su posición.

Ellos dicen que esos recursos ‘extra’ que tiene el departamento, con los que el Gobierno propone solucionar el problema, se les agotarían en un año. ¿Qué harían entonces en 2013?

Propusimos una mesa técnica, que yo lideraría, para buscar junto con la mesa de diálogos (conformada por los actores del sector educativo) una solución definitiva. La idea era que definiéramos cuáles son las verdaderas necesidades y qué alternativas hay. Ellos no quisieron aceptar la comisión. Motivados por un enfoque gremialista, quieren que nos comprometamos a decir que el ministerio va a asumir completamente, no sólo la nómina actual, sino la que ellos dicen que se necesita.

¿Y por qué no es posible eso?

Es algo imposible desde el punto de vista normativo. Los recursos del sistema están fijados por norma, no son un caucho que uno va estirando. Además, hay que decir que ellos no quieren contribuir ni con un solo peso a nada que tenga que ver con la planta administrativa; deducen que eso le toca a la Nación. Desecharon el trabajo de dos meses de esta comisión en busca de una fórmula.

¿Y qué viene?

Por ahora está suspendido el diálogo. Hubo una amenaza de parte de un directivo docente de que van a crear un movimiento nacional. Dice que les hemos faltado al respeto. En esas condiciones es muy difícil. En esto uno tiene que ser serio, responsable, cumplir con el marco legal. Sería muy fácil decir que para evitar las presiones y los desmanes, la Nación va a asumir la carga, pero eso sería irresponsable.

Los hechos muestran que Casanare tenía un vacío en el presupuesto de educación que cubría con el dinero de regalías, y ahora que se las recortaron no tiene con qué taparlo. ¿Por qué tenía ese hueco? ¿Quién es el responsable?

En todo este ejercicio de gestión pública hay un principio fundamental que es la planeación. Las entidades territoriales debieron haber previsto con anticipación lo que iba a suceder con la nueva normativa: cómo iban a suplir lo que venían cubriendo con el sistema anterior, y debieron haber adelantado los procesos respectivos. Mejor dicho, los cogió el nuevo sistema “con los calzones abajo”, sin haber previsto que tocaba pensar las cosas.