El fiscal general, Eduardo Montealegre, intentó este miércoles conjurar la polémica que han desencadenado los millonarios contratos que ha pagado por asesorías a juristas y consultores, a pesar de contar con una nómina de 22.900 funcionarios.
Para justificar desembolsos por 10.000 millones de pesos, le dijo a EL TIEMPO que la entidad requiere de especialistas para cumplir ciertas tareas y que las críticas vienen de sectores que ven afectados sus intereses por los resultados de investigaciones de la Fiscalía. (Lea: Que Montealegre responda por sus actos, piden varios exfiscales)
Durante la administración de Montealegre se han pagado más de 22.575 millones de pesos por este servicio a una misma firma: Escobar Ospina S. A. S., que ha ganado las últimas tres licitaciones.
Si bien las compras incluyen tiquetes para mover capturados, vinculados al programa de protección de testigos y funcionarios, también cubren el desplazamiento de contratistas y de la cúpula de la entidad.
El contrato más reciente se firmó el 24 de junio, por 14.615 millones de pesos. Pero hay dos más: uno por 7.000 millones, firmado en julio del 2014; y otro más, por 960 millones, firmado el 17 de junio del 2013. (Lea también: Las explosivas declaraciones del Fiscal sobre millonaria contratación)
Eso significa que la compra de tiquetes se ha disparado en la entidad, cuya cabeza cuenta con un jet privado para sus desplazamientos.
Escobar Ospina S. A. S., la proveedora de tiquetes, es una empresa reconocida en el sector por brindarles servicios a otras entidades. Pero también porque, en el 2001, cuando se le conocía como Calitour, salió a relucir en un escándalo en la Policía. Este diario reveló que la empresa era de la esposa del entonces director de Gestión de la Policía, Marino Escobar.
Crece lista de asesores
Además de los contratos con exmagistrados –cuyos nombres ha revelado la prensa–, también están en la mira los suscritos con periodistas, consultores y más abogados externos, incluido Luis Gustavo Moreno, defensor del exgobernador Luis Alfredo Ramos.
Moreno, de 34 años y quien dice tener una amplia hoja de vida, se ganó un contrato por 140 millones de pesos para dictarles conferencias a fiscales sobre casación penal.
En ese paquete también aparecen los exconsejeros de Estado Manuel Santiago Urueta y Rafael Enrique Ostau de Lafont.
El primero, suscribió un contrato por 250 millones, para prestar asesoría a la dirección jurídica de la entidad: y Ostau de Lafont, suscribió otro por 151 millones de pesos para fines jurídicos similares. Llama la atención que ambos exmagistrados también aparecen en la nómina de asesores del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que está siendo indagada por la Contraloría Distrital. Además, un familiar de Ostau de Lafont trabaja en la oficina jurídica de la Fiscalía.
Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper y exviceministro de Justicia, también está en la nómina de asesores del Fiscal. Samper suscribió un contrato por 261 millones de pesos. Entre sus funciones está la de asistir a reuniones claves en la entidad, e incluso estuvo a cargo de la agenda privada de Montealegre.
Y hay un último paquete de contratos relacionados con la imagen del Fiscal y de la entidad.
Montealegre les ha dado el visto bueno a contratos por cerca de 6.000 millones de pesos para que se enganche a periodistas que apoyen, acompañen y asesoren a la Fiscalía, a su despacho y al del vicefiscal, con el manejo de medios y generadores de opinión, entre otras funciones.
El más reciente fue por 445 millones de pesos y se lo entregó a un periodista de un canal de televisión.
EL TIEMPO
