Las órdenes de captura se emitieron contra los magistrados de la sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, y el pensionado exmagistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.
Por Édgar Alfonso Aroca Campo | director@noticiasdevillavicencio.com
La señora Francisca (*) durante varias semanas buscó plata prestada, empeñó joyas y sacó todos los ahorros para pagar la mordida que le pidió un funcionario judicial en Villavicencio, porque le iban a colaborar con el proceso de su esposo que había sido capturado por narcotráfico.
Con la ilusión de ver a su pareja en mejores condiciones le entregó 40 millones de pesos a esa persona, que tenía amigos en los juzgados y el Tribunal Superior de Villavicencio, pero después de varios meses ni avances en el proceso y tampoco la plata.
Es reprochable la actuación de la ciudadana que intentó mover con dinero el proceso de su esposo, pero también sería el ejemplo de lo que estaría ocurriendo en algunos despachos penales del Palacio de Justicia, por eso algunos no se asombraron cuando la Fiscalía General de la Nación ordenó las capturas a personas vinculadas a la sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
La investigación denominada Bolsillo de Cristal contra la corrupción llegó a la siguiente conclusión: “Desde 2013 la empresa criminal otorgaba indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias”.
Según la Fiscalía en esa “empresa criminal” estarían servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, para favorecer con esas medidas a personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes.
Las órdenes de captura se emitieron contra los magistrados de la sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, y el pensionado exmagistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.
El periodista, Juan Agustín Santos Cedeño, director del espacio radial Internoticias, reveló que de las 24 órdenes de captura contra 6 jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares, entre otros, la Dijin de la Policía Nacional arrestó a las siguientes personas y las trasladó a Bogotá:
** Fiscales seccionales: Javier Eduardo Aldana y Clara Fuentes.
** Juez de Guamal (Meta): Luís Everth Salazar Sarria.
** Juez Penal Municipal de Villavicencio con función de control de garantías: Raúl Hernán Ardila Baquero.
** Exjuez: Ronald Florián Escobar.
** Médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Omar de la Hoz.
** Asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio: José Luís Rangel Núñez.
** Cabo del Inpec.
** Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía: Claudia Silgado y agente, Gordillo.
El colega, Santos Cedeño, también informó que los jueces de primera instancia fallaban imponiendo duras condenas, pero al llegar al Tribunal revocaban las decisiones o eran modificadas.
En audiencia de imputación de cargos programada para el 10 de julio, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los togados, Díaz Rodríguez, Vargas Bautista y Trejos Londoño.
Las 27 personas señaladas por delinquir en la justicia metense deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
La vicefiscala General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas (Foto), al leer la noticia manifestó que la estrategia Bolsillos de Cristal sigue su marcha en el sector justicia, especialmente porque días atrás la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción.
