La batalla legal que por años libraron los hermanos Luque* para lograr el reconocimiento de sus derechos sobre los tres predios que heredaron de sus padres asesinados por grupos paramilitares en el oriente de Cundinamarca, tuvo un final feliz. Gracias al compromiso jurídico de la Unidad de Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó compensarlos con la compra de otro predio en el lugar que elijan, ante la imposibilidad de regresar a las tierras reclamadas.
En 2007, cuando los hermanos tenían tan solo ocho y nueve años de edad, hombres armados y encapuchados irrumpieron en una de las fincas, localizada en la Inspección de San Pedro de Jagua y asesinaron a sus padres. Después de los hechos violentos, los tres niños continuaban siendo objeto de persecuciones y amenazas contra sus vidas, por lo tanto, fueron separados y llevados a vivir donde familiares en diferentes ciudades del país.
Dos años más tarde, el 70% de los predios que suman un poco más de 300 hectáreas localizadas entre los municipios de Medina y Ubalá en el oriente de Cundinamarca, quedaron en poder de Héctor Jairo Saldarriaga, alias “Mojarro”, hombre de confianza de “El Loco Barrera” -y quien era conocido en la región por su relación con la masacre de la cancha de fútbol de Villavicencio-.
Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, indicó que “12 años después del despojo y ahora siendo adultos, estos hermanos serán beneficiados con una compensación ordenada por el Tribunal, que les permitirá contar con un nuevo predio a cambio de los que perdieron por causa de la violencia, ya que por razones de seguridad ellos no podrán regresar a los municipios de Medina y Ubalá”.
La justicia determinó que los opositores, quienes actualmente ocupan los predios por su familiaridad con el extinto Héctor Jairo Saldarriaga, no continuarán viviendo en esas tierras por cuanto no procede la buena fe exenta de culpa. Estas fincas pasarán a ser administrados por el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras.
Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó además que estos jóvenes herederos tendrán derecho a la oferta institucional del Estado en materia de salud, educación, proyectos productivos y reparación integral por ser víctimas de la violencia.
